• El sentido común nos indica que para estructurar una cooperativa, su vida jurídica requiere de cuerpos directivos que nacen de su mismo seno, esos cuerpos directivos no se podrán remunerar y ¿cómo quedan por ejemplo las CTA? El posconflicto tiene como uno de sus centros gravitacionales al modelo cooperativo, pero se presenta una contradicción con las exigencias de orden tributario que hace inviable su desarrollo. Puede ser que producto del afán de cuadrar la caja por aquello del déficit fiscal el gobierno se apresuró a expedir una reforma tributaria que buscaba recaudar muchos recursos en procura de tapar el hueco fiscal en que nos encontramos y de paso evitar que nos bajaran la calificación de nuestra soberana deuda, como principales motivadores de la reforma tributaria de 2016. Tal vez ese afán hizo que el gobierno se olvidara no solo de lo que constitucionalmente significan las Empresas de Economía Solidaria, las cuales no tienen un Régimen Tributario Especial gratuito, lo tienen porque gran parte de su función es suplir con sus actividades lo que le toca al gobierno cumplir en materia social. Y lo expresó, porque cuando se estudia el nuevo Artículo 19-4 del Estatuto Tributario, al mismo se le anexa el Parágrafo 4 mediante el cual se indica claramente que el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina o contratación a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales, no podrá exceder de 30% del gasto total anual de la respectiva entidad y se hace una precisión indicando que lo allí previsto no aplica para entidades que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UVT, es decir ingresos entre un peso y $111 millones. ¿Pues bien, qué se puede interpretar de esta lectura? Pues ni más ni menos que si una cooperativa de productores, o una Cooperativa de Trabajo Asociado, para hacerlo más gráfico y que sus gastos brutos superen $9.3 millones mensuales para el año 2017, nunca podría pensar en crecer y desarrollarse porque el solo hecho de Superar los $111 millones en gastos anuales, haría que sus trabajadores de los cuales gran parte son directivos y es lógico por el tipo de asociación, no podría continuar operaciones porque estaría incumpliendo las condiciones de Ley para considerarse del régimen tributario especial y la DIAN lo podría excluir de dicho régimen. A esto se ata una contradicción con alcances que no se midieron y que surge cuando se compara este tipo de disposición con lo que se acordó con los Señores de las FARC en Cuba, por lo siguiente: En el primer punto de la agenda de la Habana relacionado con desarrollo agrario integral, en su numeral 5º se acordó expresamente discutir y lograr consensos sobre el estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Agotada esta agenda, efectivamente ya en el acuerdo punto 1º del mismo se acordaron políticas hacia un nuevo campo colombiano y en el numeral 1.1.4 expresamente se indica la necesidad de fomentar la economía solidaria y el cooperativismo, política que se ratifica en los numerales 1.2.1, 1.3.3. Este último numeral es exclusivo en la generación de estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria. ¿Pero y entonces, En qué quedamos? se busca acabar con el modelo de economía solidaria a través de asfixiarlo con normas fiscales que los hacen inviables o acatar el mandato constitucional en defensa del cooperativismo, además de incumplir un acuerdo que incluye todo un capítulo por desarrollar a través de nuevas Leyes en procura de un País más incluyente, justo y solidario?

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