$300 mil millones, recuperará el sector por pago de parafiscales: Confecooop

$300 mil millones, recuperará el sector por pago de parafiscales: Confecooop

GREMIOS

Diálogo Ecosolidario. El presidente ejecutivo Confecoop, Carlos Acero Sánchez es portador de buenas noticias

Sobre los delegados. “El cooperativismo es un modelo de gestión basado en la democracia; la participación y la rotación son parte de la esencia de la organización, que todos los asociados hábiles, en lo posible, participen en el libre y transparente juego democrático.”

Esta medida tiene dos efectos importantes. El primero es la recuperación del monto pagado por las cooperativas entre 2017 y mediados de 2019, según proyecciones del sector pueden ser del orden de los $300 mil millones de pesos.

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El segundo, es no tener que presupuestar desde el 2020 para atender dichos pagos, las cooperativas contarán con más recursos para cubrir las necesidades de sus asociados. En promedio, cada año las cooperativas ahorren alrededor de $200 mil millones.

Bogotá, 20 de febrero 2022

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

La Ley 1819 del 2016 determinó que las cooperativas quedaban exoneradas de pagar los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Salud, por los trabajadores que ganaran menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

Sin embargo, con base en algunos conceptos de la UGPP y de la Dian, se generó una incertidumbre en la interpretación de la norma que llevó a que las cooperativas siguieron pagando dichos aportes entre el 2017 y mediados de 2019, sin estar obligadas a ello. Cabe recordar que la Ley 1955 de ese año ratificó dicha exoneración A raíz de un fallo del Concejo de Estado de junio del 2020 se concluyó que las cooperativas no estaban obligadas desde 1º. de enero del 2017 a efectuar dichos pagos parafiscales.

Con base en este fallo, se iniciaron los procesos administrativos de solicitud de devolución del pago de esas cifras, ante el Sena, Bienestar Familiar y el ADRES, que son las entidades que recaudan la parafiscalidad correspondiente. A la fecha, ya se han concretado las primeras devoluciones por parte del ICBF y el SENA.

Imagen PETI Soluciones

Hasta la fecha con la gestión que ha realizado Confecoop como gremio ¿cuánto se ha recuperado?

Este proceso es el resultado de una gestión integral que logró un ajuste en la ley con el fin de que las cooperativas tuvieran un tratamiento similar, en materia de pago de aportes parafiscales, al que tienen las demás empresas del país, superando de esta manera una barrera de carácter legal que generaba una asimetría normativa en perjuicio de las cooperativas.

De acuerdo con los reportes entregados por las cooperativas a los entes de supervisión, se estima en 130 mil los puestos de trabajo generados anualmente por estas organizaciones y esa cifra es el punto de referencia para establecer los cálculos de las reclamaciones.

Me parece excelente trabajo el que se ha realizado.

Sin lugar a dudas. Es el resultado de una acción de incidencia gremial encaminada al reconocimiento del carácter empresarial de las cooperativas, establecido por el artículo 4 de la Ley 79 de 1988, cuyo propósito es que este tipo de empresas tengan los tratamientos legales y normativos similares, cuando corresponde, a los demás tipos de empresas que operan en el país.

Dicho de otra manera, lo que buscamos es que las cooperativas no sean objeto de asimetrías legales que en muchos casos limitan, restringen o impiden el normal desempeño de este tipo de organizaciones, pues en ocasiones se legisla o se conceptúa de manera equivocada y, en algunos otros, con carácter excluyente, con lo cual se afectan los derechos y garantías que la Constitución Política les confiere a estas formas asociativas y solidarias de la propiedad, pero además, se afecta la posibilidad de ofrecer servicios a los asociados en condiciones mejores o más favorables a como lo hacen otras empresas en el mercado.

Hay un aspecto preocupante en la elección de delegados a las asambleas en algunas cooperativas donde reciben unos ingresos por asistir a las juntas directivas o concejos de administración, parece que hay la intención de unos delegados de perpetuarse y convertir eso en un ingreso permanente.

¿Qué hacer para evitar que los delegados vayan con la intención de ajustarse unos ingresos espíritu de servicio y no con la intención y vocación de servicio?

Debe insistirse que este modelo de gestión es esencialmente democrático, es una condición sin la cual no es posible hablar de empresa cooperativa. El tema de la participación democrática debe promoverse intensamente al interior de la cooperativa en todo tiempo, no solo cuando se acercan los procesos asamblearios.

Foto de referencia asamblea

Las reglas del buen gobierno cooperativo señalan qué es deber del concejo de administración y la gerencia promover y estimular los procesos de participación democrática, abrir espacios para que los asociados puedan conocer, comprender y participar en los procesos internos democráticos de la organización.

Como lo señalan los cánones del buen gobierno cooperativo, debe promoverse la participación y la rotación de los directivos. Si este es un modelo de gestión basado en la democracia; la participación y la rotación son parte de la esencia de la organización. Es decir, que todos los asociados hábiles, en lo posible, participen en el libre y transparente juego democrático, que sean los asociados de la cooperativa quienes se comprometan con los procesos de participación activa y de toma de decisiones, ya sea directamente o a través de los delegados elegidos, y que tomando como referencia lo establecido en cada estatuto, elijan a sus directivos.

Siendo organizaciones de propiedad colectiva y de gestión democrática, conforme a los principios universalmente aceptados, la cooperativa debe estimular esa participación, facilitar la información adecuada, oportuna y con la frecuencia necesaria para que todos tengan acceso a la misma, promover los procesos de educación y formación cooperativa que impulsan el surgimiento y la consolidación de los perfiles dirigenciales y de liderazgo que sirven de referente para que las bases sociales escojan entre ellos a quienes consideran tener las mejores condiciones de idoneidad para estar al frente de la dirección de la cooperativa.

En los casos en que corresponda y previo a las definiciones estatutarias y reglamentarias, las cooperativas pueden definir el pago de emolumentos u honorarios para sus directivos. En tales casos la asignación de dichos recursos debe obedecer a unos criterios claros y expresamente definidos en los reglamentos de rigor, que consulten el interés general de la cooperativa, el tamaño de la organización, la complejidad de sus operaciones o de la actividad económica desarrollada, entre otros aspectos, que sean conocidos y consultados por la base social y que guarden proporción con políticas de uso y control eficiente de los recursos de la cooperativa, que como sabemos, son recursos de todos los asociados.

En síntesis, vocación de servicio, transparencia en la información, mejores prácticas derivadas del buen gobierno cooperativo, educación y formación, participación democrática, rendición de cuentas, constituyen todos ellos la receta ideal para que promovamos una dirigencia y liderazgo cooperativo, cuya principal motivación sean los valores e intereses superiores de la organización, la prestación de más y mejores servicios, la consolidación y sostenibilidad de la empresa cooperativa y el impacto social, cultural, económico y ambiental de la cooperativa entre sus asociados, sus familias y el entorno o comunidades en donde desarrollan su actividad.

La cooperativa no es un tipo de empresa donde hay muchos asociados, pero solamente participan en las decisiones o procesos democráticos una minoría, es todo lo contrario.


Hay una preocupación en torno a unas declaraciones que hizo Gustavo Petro para Caracol radio a Gustavo Gómez, Ecosolidario replicó esta información en torno a la financiación de 7000 millones de pesos para la campaña de Gustavo. Dele claridad a la opinión pública qué es una operación financiera.

https://ecosolidario.com.co/mi-campana-la-financia-una-cooperativa-financiera-o-mejor-las-cooperativas/

Toda campaña política, ya sea para la elección de presidente, congresistas o autoridades regionales puede solicitar a una entidad financiera un crédito para adelantar y asumir los costos de la misma, préstamo que, generalmente, garantizan con la pignoración de los recursos que el Estado les otorga en la modalidad de reposición de votos. Con base en la entrevista mencionada, la referencia de financiación es a este tipo de operación de crédito, como lo haría un banco tradicional con cualquier candidato dentro de las reglas que establece la normatividad colombiana y que deben ser informadas al Consejo Nacional Electoral por todas y cada una de las campañas a la Presidencia de la República.

La participación política es necesaria por parte de los ciudadanos ¿cómo pueden participar las cooperativas en la campaña política?

La campaña política es un espacio de participación de la ciudadanía activa, en la cual se concretan los valores democráticos de una nación: participación, representación, derecho al sufragio, libertad de opinión, entre otras.  Todas las personas mayores de 18 años que tienen la condición y la calidad de ciudadanos y de acuerdo con sus convicciones, ideologías y preferencias tienen la posibilidad de votar por quienes consideren interpreten mejor sus respectivas aspiraciones. En general, las empresas no participan en política, lo hacen sus integrantes (dueños, directivos, socios, empleados). Igual ocurre en el mundo cooperativo, el que, además, por su naturaleza es generalmente plural y diverso.

¿Entonces, qué hacen las cooperativas para incidir ante los políticos y los gobiernos?

Las cooperativas son organizaciones socioeconómicas que actúan en la sociedad con el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus asociados y lo hacen dentro del marco general del Estado Social de Derecho. De allí que como organizaciones y empresas estén atentas a los procesos políticos del país, pero desde la perspectiva de incidir en la generación de políticas públicas que permitan, faciliten, fortalezcan, estimulen, fomenten y promuevan este tipo de economía y de organización para la satisfacción de dichas necesidades y aspiraciones comunes.

Al respecto, Confecoop dirigió a las campañas presidenciales y a candidatos al Congreso interesados en el sector una propuesta denominada “Contribuir a la transformación del país desde una economía más cooperativa”, (https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2022/lineas-de-accion-del-cooperativismo-para-el-proximo-gobierno/),la cual recoge los principales lineamientos que desde el sector consideramos deben ser atendidas por el siguiente gobierno y Congreso de la República, propuestas que tuvieron la oportunidad de ser compartidas y comentadas durante el Foro con Candidatos a la Presidencia de la República celebrado en enero pasado en Bogotá.

Como organismos de integración, nuestra tarea es proponer a los gobiernos, nacional, regionales y locales el diseño de esas políticas públicas para el desarrollo de las personas y las comunidades a partir del modelo de gestión cooperativa, un modelo de innovación en la gestión socioeconómica de las empresas. Prueba de ello el trabajo adelantado en los últimos 5 o 6 años que permitieron avanzar hacia un CONPES para el desarrollo de la economía solidaria en el país, documento formulado a instancias de Confecoop.

A manera de referencia a nivel regional tenemos los procesos de incidencia y de construcción de políticas en Antioquia y Medellín y en Huila y Neiva y los esfuerzos que adelantan nuestras asociaciones regionales en otras regiones y ciudades del país. De esa manera, las acciones de incidencia política están en el plano de la interlocución con los gobiernos, con las autoridades locales, con los congresistas, diputados y concejales, con otros actores económicos y sociales, en fin, con la sociedad en su conjunto.

La empresa privada hace aportes económicos a las campañas políticas ¿por qué las cooperativas no pueden hacerlo o si pueden hacerlo?

Podrían hacer aportes a una campaña o candidato si así lo estiman, dentro del marco de su autonomía y cumpliendo para ese efecto los parámetros establecidos en la legislación colombiana.

Hay una serie de normas nuevas que complementan o modifican las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, como, por ejemplo, la Ley 2069 de 2020. ¿Está normatividad se ajusta a la realidad actual o necesita que se transforme en la próxima legislatura?

La Confederación de Cooperativas de Colombia insiste en la necesidad de un ajuste a la legislación cooperativa, para adaptar dicha normatividad y sus marcos regulatorios a los avances y desarrollos de la economía, cambios de la sociedad y a las transformaciones propias del ejercicio de la empresa cooperativa. En ese orden hemos propuesto al Gobierno Nacional y quedó así establecido en el documento Conpes, varias acciones que deberán materializarse en la siguiente legislatura y en el próximo gobierno.

Por un lado, una revisión de la Ley 79 que puede estar orientada entre otros aspectos a una actualización en el régimen económico de las cooperativas, al fortalecimiento de los procesos de buen gobierno y gobernanza, a la caracterización de nuevas formas cooperativas, a la definición de esquemas de fomento y fortalecimiento empresarial, entre otros tópicos.

Revisión estructural de la supervisión, vigilancia y control

Otro de los ajustes urgentes es la revisión estructural del modelo de supervisión vigilancia y control estatal sobre el sector cooperativo y economía solidaria. Ese es un punto crucial si queremos avanzar hacia la consolidación de una economía más cooperativa y solidaria en el país. Como sector consideramos que la regulación y la supervisión, en algunos casos, está generando barreras de acceso, barreras administrativas y regulatorias que impiden restringen o limita el desempeño normal de las cooperativas.

En el escenario en el que actuamos, es decir, en la provisión de servicios y bienes para nuestros asociados y sus familias, la regulación en varios casos constituye un obstáculo para que se creen o para que funcionen organizaciones cooperativas en condiciones similares a cómo operan otro tipo de empresas, que tienen otras figuras jurídicas.

A manera de ejemplo, mientras una cooperativa de producción, que hace actividad agropecuaria o industrial, tiene que cumplir con una serie de requisitos, presentar informes, hacer trámites ante los organismos, ante las superintendencias que las vigilan, todo lo cual le demanda una carga administrativa y un mayor costo operativo y funcional; una empresa creada de manera similar pero bajo el régimen de sociedad anónima simplificada -SAS, no tiene que cumplir sino con el registro de cámara de comercio, tener su RUT e iniciar la operación, y solo cuando presenta un volumen de activos significativamente gran des, debe reportar información ante la Super Sociedades. En este caso, ese grupo de empresarios o de emprendedores dedica mayor tiempo y recursos a desarrollar la actividad económica para la cual han sido creadas y no para atender una sobrecarga regulatoria o administrativa.

Este tipo de asimetrías impide o cuando menos desanima a las personas para organizarse a través de formas cooperativas, lo que va en contravía del mandato constitucional , según el cual el Estado “protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad” y “fortalecerá las organizaciones solidarias  y estimulará su desarrollo empresarial” Por eso hicimos ver al Gobierno este problema y éste asumió, dentro del documento Conpes una tarea, un compromiso de revisión y ajuste, que esperamos sea ejecutado de manera técnica con la prontitud que el problema demanda, con el fin que las cooperativas, como organizaciones socio económicas empresariales, sean actores fundamentales en los procesos de recuperación, de reactivación económica, de desarrollo económico a nivel local y regional y de ampliación de los procesos de formalización empresarial.

Si logramos superar esas barreras, muchas personas en los territorios podrán interesarse y desarrollar empresa cooperativa para organizar procesos y actividades de producción, consumo, trabajo y de inclusión económica y financiera.

 

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