Buenas prácticas, pero no para el gobierno

Buenas prácticas, pero no para el gobierno

Haciendo memoria, desde la expedición de la Ley 454 de 1998 y en lo que hace a las empresas de economía solidaria, se nos viene estrechando el marco regulatorio de una manera sostenida y cada vez más exigente.

Al extremo que desde el punto de vista de “la capacidad” de las organizaciones, sus administraciones hoy día están afrontando serios obstáculos para poner en práctica la avalancha de requerimientos de todo orden y de diversa fuente.

Carlos Rodriguez Molina

Columnista Ecosolidario

Cali, 25 de abril de 2019

En lo que hace a las normas expedidas en procura de fortalecer los perfiles para los aspirantes a los órganos de administración y control, desde lo establecido en el parágrafo del Artículo 7º de la citada Ley 454 se elevaron a nivel estatutario varios requisitos que si bien es cierto eran necesarios, ha dificultad que genera para que las entidades puedan acudir a su base social ante personas con características de liderazgo, con capacidad para toma de decisiones, destreza en el manejo de empresas, conocimientos de orden técnico y habilidades para sortear todo tipo de riesgos, incluso hasta para el caso de cooperativas con actividad financiera, por qué no decirlo.

Por ejemplo, en las circulares de la Supersolidaria 14 y 15 de 2015, 04 de 2017 y recientemente el Decreto 962 de junio de 2018 expedido por Minhacienda, al margen del tema vinculante, todas estas normas al final incluyen un artículo sobre sanciones para quienes no apliquen con rigor las disposiciones expedidas.

En contraste, y lo expreso con el más profundo respecto pero con conocimiento de causa, los perfiles de gran parte de nuestras bases sociales que a duras penas para el caso de los estados financieros, levantan la mano aprobándolos, pero en el fondo se trata de información técnicamente estructurada bajo condiciones que incluso a muchos colegas contadores se les hace compleja su interpretación a pesar que se trata de condiciones de la Ley 1314 expedida hace 10 años y que ya a estas alturas debería gozar de mayor comprensión.

Exageraciones

En este orden de ideas y para continuar con nuestra crítica constructiva, con la expedición de la Ley 1902 de 2018 se exige la “creación del departamento de riesgo financiero” a cualquier tipo de entidad que funja como operador de libranzas.

Para nuestro caso cooperativas del tercer nivel de supervisión que a duras penas cuentan con 3 empleados para atender la operación, atender las necesidades de la base social, preparar información para terceros, elegir entre los tres el mejor perfil para que asuma de una vez ser el responsable de administrar las bases de datos, el oficial de cumplimiento, quien lidera el comité evaluador de cartera, el que presenta los medios magnéticos a la DIAN y a la Supersolidaria y si se me queda algo lo atribuyo en la falta de más espacio en la presente publicación.

Bueno pero dejemos ahí como para no ahondar en tan buenos propósitos de la norma aplicable a empresas del sector privado de economía solidaria en éste caso.

¿Imposiciones que excluyen a goberanates?

A cambio de todo lo anteriormente expuesto, es sencillamente inexplicable porqué los legisladores que han originado tan bien intencionadas normas, no han pensado en aplicar siquiera  10% de su contenido para sí mismos y lo digo porque los siguientes ejemplos no me dejarán mentir:

Empezando por los gobiernos más recientes, el nieto de Eduardo Santos, el hijo de Misael Pastrana Borrero, el hijo de Ernesto Samper, los hijos de Carlos Holguín, el hijo de Roy Barreras, el hijo de Horacio Serpa, de Alfredo Ramos, la nieta de Guillermo León Valencia, para citar varios de los delfines más conocidos.

Pero igual, los parapolíticos que en el Congreso actúan en cuerpo ajeno y cuya lista sería interminable de publicar, expresidentes reencauchados también actuando en cuerpo ajeno, un fiscal general que ha actuado de manera directa en asuntos que hoy atiende, la puerta giratoria muy utilizada en particular por magistrados y no sigo con una lista interminable de casos que contradicen las muy buenas intenciones de las normas sobre prácticas de buen gobierno que el Estado viene expidiendo y aplicando con mucho rigor a las personas naturales y jurídicas del sector privado en búsqueda de “mayor participación democrática”, pero entonces surge la pregunta.

¿Al Alcalde quién lo ronda?

¿Por qué no existe a la fecha norma alguna que le brinde parámetros serios a la gobernanza pública, por qué invitar a rotar directivos cada seis años en búsqueda de mayor participación de las bases sociales en los procesos democráticos, pero a cambio para las próximas campañas electorales volveremos a observar pancartas de requemados o personas con pasados oscuros, investigados y hasta condenados que vuelven a ensayar después de 30, 40 o más años dándole al erario público?

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