Cayó la incubadora del desastre, se va Carrasquilla con su engendro incendiario

Cayó la incubadora del desastre, se va Carrasquilla con su engendro incendiario

wiltonrizzo@hotmail.com El peor Ministro de Hacienda histórico, Alberto Carrasquilla abandona el buque junto con su carnal, el viceministro Juan Alberto Londoño, Carrasquilla es el causante del desastre económico, del pésimo manejo de la economía en la pandemia, deja incendiado este país después 8 años como Ministro de Hacienda.  Foto La FM y FPR. Protestas y militarización.

Mientras tanto, a 3 de mayo, vamos en el 6º día de manifestaciones, con protestas en las calles y bloqueos de vías en diferentes lugares de país, desde Puerto Resistencia en Cali, siguen mostrando su descontento en Cali, el alcalde, Jorge Iván Ospina, llamó a la calma, pidiendo a los caleños un pequeño esfuerzo para para que retorne región a sus labores.

El trino de Álvaro Uribe, produjo resultados nefastos. En Cali, el alcalde informó de 10 muertes en total, por diferentes causas, entre ellos por disparos del Esmad.

Alteraciones del orden público en Colombia

Situación más crítica tuvo lugar en Cali (Valle del Cauca), donde un joven llamado Nicolás Guerrero fue gravemente herido.

Bogotá, Facatativá, Popayán, Ibagué, Pereira y Carmen de Viboral, entre otras poblaciones, fueron escenario de choques entre uniformados y manifestantes.

En Cali, las protestas en Calima y en el puente del Comercio (vía a Palmira), fueron el foco de las principales denuncias en redes sociales.

En Palmira, según Human Rights Internacional, hubo diez heridos y posiblemente dos personas asesinadas.

En Bogotá, una protesta en el portal 80 fue disuelta por el Esmad y, según videos en redes sociales, se desató una persecución por parte de policías en la que se accionaron armas de fuego. Las concejalas Susana Muhamad y Heidy Sánchez denunciaron presuntos excesos.

En Facatativá, Cundinamarca, también hubo reporte de presuntos excesos. El senador Wilson Arias exigió la presencia de organismos de control ante denuncias de desmanes en el barrio San Benito.

En Pereira, se registraron videos con denuncias en el parque Industrial y en el barrio la Independencia.

En Ibagué, las denuncias se centraron en el barrio el Jordán Etapas 1 Y 2. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio reportes de abusos y excesos de la fuerza pública.

En Popayán, Cauca, se difundió un video en que uniformados golpean a una persona en el barrio La Paz. También hubo denuncias por uniformados que agredieron viviendas donde supuestamente se ocultaban manifestantes. Tomado de Blu Radio.

Por su parte el ejército anunció la militarización de 15 ciudades. Fuente oficial informó que de las manifestaciones quedaron 700 personas heridas, que se investigará a dos policías.

Entregamos un análisis de la Silla Vacia, con el cual coincide el Universo Digital Ecosolidario en su periódico digital 181 de 30 de mayo de 2021. Es un documento para leer…

Puerto Resistencia en Cali: el microcosmos del paro de 2021

Por Nicole Bravo | Santiago Chavarriaga Garzón

02 de mayo de 2021

Durante la jornada de protesta de los últimos cuatro días en Colombia, en Cali pasó todo con más intensidad. La asistencia masiva y prolongada, los actos simbólicos, los disturbios violentos, los abusos de la policía y el vandalismo de algunas personas que asistieron a las movilizaciones.

Y dentro de Cali, el punto más álgido se concentró en Puerto Resistencia, al Oriente de Cali, en una de las zonas más deprimidas de la ciudad. 

Puerto Resistencia es un nombre relativamente nuevo. Antes era conocido por los caleños como Puerto Rellena, un lugar típico de la ciudad en el que hasta hace años era común encontrar puestos de venta de rellena o morcilla alrededor de las calles. 

“Siempre ha sido un lugar de resistencia. Antes las madres cabeza de hogar del oriente de Cali venían a vender rellena aquí, era su sustento, su forma de resistir”, nos dijo Stiven Reyes quien conoce y hace parte de varios colectivos culturales del oriente de la ciudad.

El cambio de nombre nació de la agitación que vivió Cali tras las multitudinarias marchas del paro del 21N de 2019.

Una movilización que, después de ser pacífica, terminó en una Cali con saqueos a negocios, con toque de queda en un momento en que la pandemia no existía y una noche de noticias falsas, redes sociales, comunidad armada y temor.

Al siguiente día, algunos jóvenes del barrio quisieron hacer una manifestación pacífica con la idea de resistir al miedo que tenía la ciudad en ese momento.

Año y medio después, Puerto Resistencia volvió a estar en el centro del paro. Un microcosmos de las protestas de los últimos días en Colombia.

28 de abril

Puerto Resistencia era un punto más de concentración para las marchas y plantones del 28 de abril.

Ese día, Cali le madrugó a la movilización con el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de integrantes del movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (Aiso), la vandalización de buses del MIO (el transporte público de la ciudad) y la suspensión del servicio de este desde las 8 de la mañana. En Puerto Resistencia, la movilización de más de 600 personas transcurría entre bailes, arengas y juegos.

“Estaba todo calmado hasta las 5 de la tarde que llegó el Esmad a disolver a la gente. Un día duro, de vandalismo”, nos contó Yeison Martínez, edil de la comuna 16. En ese momento, Cali ya llevaba dos horas de un toque de queda continuo que terminaba el domingo a las 5 de la mañana.

Como contamos, ese día la ciudad se movió entre los contrastes. Así como hubo saqueos en varios puntos de la ciudad, y el oriente no fue la excepción, también la comunidad se unió para evitarlos o devolver lo hurtado.

Las 21 personas con las que hablamos para esta historia entre líderes sociales y estudiantiles, y manifestantes, concuerdan en que los casos de vandalismo e intentos de saqueos son de unas pocas personas frente a todos los que se han movilizado pacíficamente.

Pero se trata de un fenómeno complejo, en el que, según Carlos Manrique, profesor de Filosofía de la Universidad de los Andes, y experto en movilizaciones sociales, “en Cali hay que distinguir lo que los medios tienden a mezclar: delincuencia común y violencia política”.

Esta última hace referencia a manifestaciones en contra del patrimonio público, como quemar buses, o contra símbolos políticos, como la estatua de Sebastián de Belalcázar o el edificio de la Alcaldía. Pero también a infraestructura privada, como la infraestructura del Banco de Bogotá al oriente que fue violentada y el Éxito de San Fernando que tuvo un intento de saqueo.

Manrique dice que esa confluencia de fenómenos distintos es la que puede explicar esa violencia masiva que se ha visto en la ciudad por estos días.

“El escenario de la protesta crea un momento de suspensión de la normalidad, que puede hacer que esa delincuencia que ya tiene Cali, y que ya venía siendo grave, se pueda intensificar”, dijo.

La explicación del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, frente a lo que pasó el 28 fue que la alteración del orden público se trató de “minorías que de forma premeditada, organizada, de manera irresponsable y criminal, se prepararon y actuaron para vandalizar”.

La quema de estaciones del MIO y de Centros de Atención Inmediata (CAI) ha continuado. Esto aún cuando el Ministro de Defensa, Diego Molano, que llegó a la ciudad el jueves y quien parece ser el que tiene las riendas de la seguridad en Cali, dice que la ciudad cuenta con casi 4 mil personas entre Ejército y Policía en las calles.

Luis Castaño, quien ha estado movilizándose por estos días, nos dijo que para el tema del vandalismo en Cali “hay que entender el contexto en el que se está dando. Es un contexto de hambre porque la gente realmente está tratando de sobrevivir”.

El año pasado más de 375 mil caleños entraron al rango de pobreza extrema según el Dane. Con esto, Cali tiene más de 934 mil personas en esta condición. A esto se suma que en los primeros tres meses de 2021, la tasa de desocupación en Cali pasó de 14% a 18,7%.

Sebastián Vargas, líder estudiantil de la Universidad del Valle, le dijo a La Silla que “el peor vandalismo es el vandalismo estatal” que se “roba” los recursos públicos y “autoriza políticas represivas y regresivas como esta reforma tributaria de hambre”.

Castaño y Vargas, al igual que otras dos personas, nos dijeron que esos casos también se presentaban porque las marchas estaban infiltradas por la Fuerza Pública, con el fin, según ellos, de boicotear la manifestación.

Ese día, según organizaciones sociales y de derechos humanos, hubo 58 heridos y dos muertos, ambos menores de edad: Marcelo Ágredo de 17 años en el barrio Mariano Ramos y Jeison García en República de Israel. Los dos barrios limitan con Puerto Resistencia.

El caso de Marcelo se ha vuelto más conocido por las circunstancias. Según Cuestión Pública, el joven le pegó una patada por la espalda a un Policía y este sacó un arma y le disparó.

Por su parte, al otro día el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas habló de entre 4 y 5 muertos. En ese momento estaban verificando si las muertes estaban relacionadas con las manifestaciones.

Ese día, la ciudad terminó con militares en las calles, 850 policías y 450 soldados enviados por el Ministerio de Defensa y suspensión de servicio de MIO para el día siguiente.

29 de abril

Desde las 6 de la mañana las personas empezaron a llegar a Puerto Resistencia. Además de continuar con las manifestaciones del día anterior, la comunidad también hizo un minuto de silencio por Marcelo Ágredo.

“A las 3 de la tarde ya había una congregación de más de 700 personas, llega la tanqueta del Esmad y la gente lo que empieza a hacer es arrodillarse, alzar las manos y gritarles ‘sin violencia’. Y no escucharon a la gente”, cuenta Yeison Martinez, edil de la comuna 16 que estuvo en la manifestación.

Luego dice que el Esmad empezó a lanzar bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. La respuesta de los manifestantes fue empezar a lanzar piedras. “Era una batalla campal de rebeldía e indignación del acto de la Fuerza Pública” comentó.

Después de dos horas y media de enfrentamientos, el Esmad salió de Puerto Resistencia. Durante ese tiempo, el Comando de Atención Inmediata (CAI) ubicado en el mismo punto fue quemado.

Según Martínez, el Esmad se fue a unas cuadras de donde estaban, esperaron al Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes) y regresaron. Ese día, organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte del joven Miguel Ángel Punto en Puerto Resistencia “a manos de agentes de la Policía Nacional”, pero no precisaron cómo.

Lo que sí es cierto es que una queja reiterada por parte organizaciones sociales y de derechos humanos es que la Policía está disparando en contra de los manifestantes. Tanto, que la denuncia se ha trasladado hasta los delegados del Consejo Distrital de Paz, quienes ya le pidieron al Alcalde de Cali y a la Gobernadora del Valle que ordenen “a la Fuerza Pública no disparar ni golpear a la población”.

“Ese Esmad es el que llega siempre y alborota la gente, la desafía. Por eso los enfrentamientos se han calentado, porque ellos disparan”, nos dijo Alex Rincón de 49 años, uno de los manifestantes que ha estado en al menos tres puntos de concentración los últimos días.

Para ejemplificar lo que dijo, Rincón contó que el viernes “la Policía de El Diamante, los que patrullan el barrio (estaban) disparando. Un vecino encontró una bala en el colchón”.

Las 20 personas con las que hablamos coincidieron en que era el Esmad el que llegaba a acabar con la protesta pacífica. Sólo una nos dijo que “eso es algo de parte y parte. Empiezan a provocarse entre ellos”.

Pero incluso esta rivalidad se suspendió por momentos. “Aquí hay tiempo para todo, tiempo para la guerra, tiempo para la paz y tiempo para comer”, dijo un manifestante mientras le comparte gaseosa a agentes del Esmad al final de la jornada.

30 de abril

La movilización en Puerto Resistencia ha sido continua, pero cada día tuvo sus particularidades.

El viernes se repitió la foto de centenares de personas desde la mañana y enfrentamientos en la tarde. Esta vez sin mucha claridad sobre quién empezó los desmanes. Lo que sí fue claro, es que la misma comunidad está respaldando a los manifestantes.

“Entre las cuadras la gente que resiste se resguarda”, comenta Stiven Reyes quien conoce la zona. Ahí los vecinos regalan bolsas de leche y tarros con vinagre para los manifestantes con el fin de mermar el ardor de los gases lacrimógenos.

“El Esmad no sabe pa’ donde coger porque son muchas cuadras”, explica Reyes. Esto porque una de las vías que convergen en Puerto Resistencia es la que marca la división entre los barrios República de Israel y Mariano Ramos, así que hay más formas de que los manifestantes salgan, se dispersen, pero de igual forma puedan retornar al lugar.

Pero la ayuda de los vecinos no se queda ahí. El viernes también aportaron y salieron a terminar la olla comunitaria que era para un promedio de 300 personas, casi el 10 por ciento de los que asistieron.

En Puerto Resistencia ya se ha vuelto común terminar el día despidiéndose de agentes del Esmad con un “chao, nos vemos mañana, en el mismo canal y a la misma hora”.

Para Carlos Manrique, profesor de la Universidad de los Andes, esto tiene explicación. “Cali ha sido el epicentro de la violencia contra líderes sociales, por su cercanía al Pacífico y al norte del Cauca, y sumado al descontento por la reforma tributaria, la movilización se fortaleció”, asegura.

1 mayo

La Silla estuvo durante 9 horas en la manifestación pacífica que se llevó a cabo el 1 de mayo en Puerto Resistencia.

El punto parecía más un lugar de escombros que una calle. Era casi imposible caminar sin encontrarse con piedras o pedazos de ladrillos; restos de las batallas campales que vivieron ahí en los dos días anteriores.

Las personas empezaron a llegar alrededor de las 7:30 de la mañana. Pero el flujo entre los que iban y venían nunca cesó. Como si fuera un impulso, las palabras surgían entre vecinos y desconocidos.

“Policarpa, Nariño, Bolívar, no hicieron la revolución cantando cancioncitas”, “ah no, es que la gente en Colombia es muy pacífica y así tampoco”, “Hay que pararse duro y seguir”, “Cali es Colombia ahora”, se oía en las conversaciones.

Había cerca de 2 mil personas, más en los días anteriores. Desde temprano algunos jóvenes y adultos que llegaban en carros empezaron a repartir tapabocas. A la par, algunas personas llegaron con porrones llenos de café y bolsas repletas de pan. “Esto no tiene precio”, nos dijo Alex Patiño quien por iniciativa propia puso de su dinero y llegó al lugar con el fin de “apoyar la causa”.

Contrario a lo que pasaba en movilizaciones de otros años, esta vez no hubo una edad o una condición común que identificara a los marchantes.

Hubo ancianos solos y con mascotas, niños y adultos, familias, parejas, grupos de amigos, barristas, personas en condición de discapacidad, en silla de ruedas y en muletas que salían juntas a manifestarse. “Esto ya fue la cereza del pastel. No estamos saliendo sólo por la reforma tributaria”, nos dijo Cynthia Hoyos, manifestante de 23 años.

Un ejemplo de ese acumulado de cosas lo dio Lucy Sandoval de 53 años, una mujer en silla de ruedas a quien hace poco le diagnosticaron cáncer de mama.

“Estoy movilizándome contra el mal régimen que tienen las EPS para las personas que tenemos enfermedades de mayor complejidad porque no nos ayudan. Lo otro es que el pueblo colombiano está sufriendo, gente con hambre y los ricos creciendo. Tengo un esposo desempleado, cada día tengo una nueva enfermedad y estoy luchando por eso, no aguantamos hambre, pero no comemos de lo mejor”, comentó.

La tensión de que llegara el Esmad persistía. Desde antes de las 10 de la mañana ya empezaba a rumorarse que llegaría en cualquier momento. Algunas personas taparon con una bolsa plástica la placa de una moto para evitar que esta se leyera. Otros jóvenes ya se habían quitado las camisas y con estas habían cubierto sus rostros.

Por Puerto Resistencia pasó la caravana fúnebre que llevaba el cuerpo de Marcelo Ágredo, el joven a quien un policía le habría disparado el 28 de abril. También llegó en medio de cantos, y banderas de Colombia una chiva que transportaba integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que llegaron a reforzar las manifestaciones, y una caravana de motos.

“Si el que tiene para comprar esa moto salió a marchar, es porque estamos muy mal”, dijo uno de los jóvenes al ver motos de alto cilindraje que llegaban.

“Lo que yo veo es que todos los estratos están unidos”, le dijo a La Silla Esteban Patiño, un manifestante de 33 años que salió por primera vez a marchar. Lo motivó la reforma tributaria que propone el Gobierno de Iván Duque y la idea de que “es el momento de cambiar”

El sábado la manifestación fue aún más masiva. Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, ese día hubo más de 11 mil manifestantes en 10 puntos de concentración en Cali.

Cali, el hervidero del Paro

Los últimos cinco días han puesto a Cali en la mira de toda la nación, tanto por las movilizaciones pacíficas y la resistencia frente al Esmad, como por las situaciones de vandalismo y violencia.

Para Gustavo Orozco, politólogo experto en política de seguridad de Cali, los hechos de vandalismo en la ciudad son hechos aislados a la protesta. Para él, se trata de “ladronzuelos y delincuentes razos que sabían de la coyuntura, y que ante la falta de respuesta institucional para responder a los desmanes, vieron la oportunidad de delinquir”.

Orozco asegura que el vandalismo en barrios residenciales, demuestra estructuras organizadas previamente, que no tienen que ver con el terrorismo. Solo a partir del viernes 30 “se puede hablar de infiltraciones de grupos armados como las milicias urbanas del ELN, o de las Bacrim, todo como un acto de sublevación social como fin último para atentar contra el Estado” asegura.

El sábado, el Ministro de Defensa dijo que “Según información de inteligencia, los actos criminales y terroristas en Cali corresponden a organizaciones criminales y terroristas como el movimiento ‘JM19’, grupo ‘Luis Otero Cifuentes’, al movimiento bolivariano de disidencias de las Farc de ‘Gentil Duarte‘”

La cantidad de información que se mueve en redes sociales o por videos de whatsapp supera las capacidades de verificación. Y la información oficial ha sido insuficiente.

Cuatro días después de las marchas y lo que ha vivido Cali es que hay un primer consolidado oficial de homicidios en Cali. Según el Brigadier General Juan Carlos Rodríguez Acosta de la Policía, entre el día 28 y el día 30 de abril hubo 10 asesinatos.

Por su parte, el Colectivo de abogados Suyaza, el equipo de derechos humanos de la barra del Barón Rojo Sur, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y el Comité de solidaridad con los presos políticos, tienen sus propias cifras.

Hasta el 30 de mayo contaban 5 mujeres agredidas sexualmente por integrantes del Esmad, 200 detenciones arbitrarias que van de la mano con abuso policial, 175 heridos y 9 muertos, según este comunicado. Ese día, las organizaciones hablaron de que los muertos podían llegar a 14, pero faltaba confirmar.

A la par, las mismas organizaciones denunciaron que no los dejan realizar su trabajo como defensores de derechos humanos y señalaron que en Cali le estaban dando un tratamiento militar a la protesta social cuando esta es un derecho.

Un derecho que los caleños se han tomado muy en serio en los últimos días. Tanto que han empezado a resignificar lugares de la ciudad. Ya no es sólo Puerto Resistencia.

Ahora la Loma de la Cruz, un lugar de artesanos y artistas que es típico de la ciudad, ha pasado a llamarse Loma de la Dignidad; el Puente de los mil días está empezando a conocerse como el Puente de las mil luchas. Queda por ver si los nombres perdurarán, como el de Puerto Resistencia, o si terminarán barridos como los escombros que ya empiezan a ser retirados de los puntos de concentración de la ciudad.

Hoy, en Puerto Resistencia aún siguen llegando manifestantes.

Fue el miércoles, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Un policía que fue agredido por un joven desenfundó su arma y le disparó en la cabeza. El agresor huía cuando fue alcanzado por las balas y cayó unos 30 metros adelante. Ahí está descrito todo lo relevante: los protagonistas, el escenario, las circunstancias. Ahí está resumida la situación de Colombia hoy.

Todo es una suma de anomalías, de atropellos, de injusticias, de descuidos, de indiferencia que inexorablemente conducen, siempre, a una tragedia. Cada cosa de esas es provocada por la desidia, la indolencia, la equivocación y la instigación de muchos que aprovechan la última tragedia para azuzar la siguiente.

Ahí está el trino del expresidente Álvaro Uribe como prueba. Dos días después de la tragedia del Mariano Ramos, escribió que había que apoyar el uso de las armas por parte de la fuerza pública para defenderse. El mensaje era tan peligroso que la red social decidió retirarlo.

A Uribe le debió parecer plausible la reacción del agente y decidió pedirles a sus seguidores apoyarla e invitar a los miembros de la Fuerza Pública a imitarlo.

Hoy hay un joven muerto, otro a punto de terminar varios años en la cárcel, ambos pertenecientes a familias y círculos sociales seguramente con historias de exclusión comunes que la élite política, económica y social no solo no ha logrado transformar, sino que incluso ha profundizado.

Incitar a policías y soldados a disparar indiscriminadamente para defenderse de agresiones no es solo un desprecio por todas las reglas de protección de los derechos humanos, sino una insensibilidad por el agredido que termina convertido en asesino y pagando una condena por haber recibido semejante consejo, de lo que se arrepentirá el resto de su vida.

Claro que el joven agresor cometió un delito, claro que el agente tenía no solo el derecho, sino el deber, de repeler el ataque y ojalá de conseguir que esa conducta fuera sancionada por la justicia. Pero una parte de la humanidad, que optó por las democracias liberales, ha aceptado que esa reacción debe responder a un protocolo que proteja los derechos, incluidos los del agresor.

La conducta del agente, para que sea legítima y esté amparada por la ley, debe ser necesaria y proporcional. El uso de un arma letal es el último recurso; solo se debe accionar cuando ya no existe otra forma eficaz de repeler el ataque. Si resulta necesario debe hacerse tratando de provocar el menor daño posible. Si se dispara, el disparo debe dirigirse a una parte del cuerpo que no cause la muerte.

En este caso el agresor no usó un arma de fuego. Infringió una patada al agente e inmediatamente intentó huir. Eso es lo que muestran los videos. Desgraciadamente el agente, que habría oído una tesis como la del trino de Uribe, sacó el arma, la disparó innecesariamente, dirigió el tiro a la cabeza y causó una tragedia por la que la justicia lo obligará a responder.

Para la sociedad eso era lo peor que hubiera podido pasar: un joven asesinado y otro preso por años.

Si al policía lo hubieran formado mejor, quizás no hubiera usado el arma porque en el escenario había muchas otras personas que corrían el riesgo de verse afectadas por los disparos. Usar el arma ahí, como instiga Uribe que se haga, es una imprudencia.

En sus cursos policiales debieron haberle insistido que si encontraba necesario usar el arma debía tratar de no causar una herida mortal. El disparo debió haberse dirigido a los pies.

Aparentemente todo eso falló; se dejó llevar por la rabia fruto, no solo de la agresión, sino de la doctrina de alguno de sus superiores de que son vándalos, que hay que tener y tratar como enemigos.

Ahora, otros, azuzados del otro lado, le gritan “¡asesino!”. Y tendrá que responder ante la justicia y seguramente el Estado será condenado a reparar los daños que se causaron con la conducta que a Uribe le pareció un ejemplo a aplaudir y promover.

Ya había pasado durante los ocho años de gobierno del expresidente que su visión de ejercicio de la autoridad había generado un ambiente que terminó en la mayor tragedia humanitaria de la historia de Colombia.

Entonces, como ahora, no se preocuparon por modificar las circunstancias que llevaron al joven del Mariano Ramos a verse involucrado en los hechos que rodearon su muerte.

La historia de ese barrio de Cali comenzó con otra muerte violenta; la de una mujer que participaba de la invasión de esas tierras por parte de personas que huían de la pobreza que había (y hay) en el litoral Pacífico. Otro agente de policía, cumpliendo órdenes y haciendo valer la autoridad, en cumplimiento de la orden de desalojo disparó imprudentemente y le causó la muerte. De eso hace casi 60 años.

Al final, el Estado no pudo concretar el desalojo; el barrio se legalizó. Incluso tiene una buena infraestructura pública en la que se le rinde tributo a su hija más famosa, la medallista olímpica Mara Isabel Urrutia.

Seguramente ahora, como entonces, después de algunos disturbios más, el presidente retirará la reforma que se sabía inviable, aun si alguien creyera la historia que creyeron en la redacción de La Silla Vacía, de que no era una reforma tributaria sino una revolución social.

Ya será tarde. Marcelo ya está muerto. El agente que le disparó también convirtió su vida en una tragedia. Igual que hace 60 años, María no pudo saber qué pasó con la aventura de invadir tierras ajenas para tratar de paliar la pobreza y el agente que le disparó también, aun si la justicia no actuó, convirtió su vida en una tragedia; todo por seguir consejos como el de Uribe.

24 de abril de 2021

Con la inclusión, a manera de introducción del proyecto de reforma tributaria, de la descripción de algunos programas sociales ya existentes, el gobierno ha logrado hacer dudar a algunos de la inconveniencia de lo que propone. Ha hecho parecer que esos eventuales beneficios están condicionados a esos nuevos ingresos y no a la discusión sobre las prioridades del gasto público que se deciden en el presupuesto anual.

La urgencia ha hecho que la lupa se ponga en los salvavidas sin importar de donde salen.

Economistas respetables han sostenido, por ejemplo, repitiendo el slogan oficial, que con la reforma se reduciría la pobreza, pero en realidad esa, que es solo una promesa, se logra no con los cambios en las reglas tributarias propuestas sino con la aplicación eventual de los ingresos y eso no es lo que se define en el proyecto que actualmente se discute.

Por el contrario, si la reforma se aprobara, los vicios del sistema tributario colombiano se mantendrían o incluso se agravarían.

La proporción de los ingresos con la que contribuirían las personas que pertenecen al 1 por ciento de los que obtienen mayores ingresos sería aún más inequitativa que la de hoy. La progresividad del sistema, que es un mandato constitucional, no mejora algo significativo en la reforma.

La multiplicidad de beneficios que tiene el sistema, que favorecen, sin justificación, a sectores económicos con capacidad de presión, permanecen intocables en la propuesta a pesar de que no hay evaluación de expertos que no proponga eliminarlos o al menos simplificar o disminuir.

La inclusión como contribuyentes a sectores poblacionales, que podrían ser descritos como clases medias urbanas con empleos formales, lejos de hacer efectivo el principio de progresividad lo que produce es el resultado exactamente contrario porque lo que deberían pagar los contribuyentes de ingresos más altos termina siendo cubierto por profesionales jóvenes, la mayoría de los cuales aporta en el pago de servicios privados, que deberían ser públicos.

Un profesional de 30 o 35 años, que percibe cuatro millones de pesos de remuneración en Bogotá o Cali, paga administración de su edificio en la que el principal rubro es la seguridad privada, probablemente recibió educación en un colegio y una universidad privadas que se pagó con duros esfuerzos de su familia y paga algún crédito de una especialización. Aporta al régimen contributivo de seguridad social y eventualmente paga algún plan complementario de salud; consume bienes gravados con IVA que no tiene como descontar, se tomaba unas cervezas –cuando se podía– en algún bar donde pagaba impuesto al consumo y el impuesto a la cerveza, vive en un barrio calificado como de estrato cuatro, donde paga mensualmente de arriendo $ 40.000 por cada metro cuadrado y en los servicios públicos domiciliarios se incluye un subsidio para los más pobres.

Ese personaje es el que el gobierno dice que no contribuye y que debería ser solidario y hacerlo.

Con la reforma, tendrá que pagar además algo de renta, que no pagaba. A su ingreso gravable deberá sumarle lo que el patrono le aporta al fondo de cesantías, el servicio de internet se le incrementará en 19 por ciento, el transporte –salvo que se mueva en bicicleta– costará algo más porque gravarán más los combustibles.

Ese grupo poblacional, unos dos millones de “privilegiados” que ganan algo más de mil dólares mensuales, serían los principales aportantes de los nuevos recursos que el gobierno aspira a recaudar con la reforma que propone.

La mayor parte de su aporte seguirá siendo invisible para el gobierno y algunos economistas porque se hace a través de impuestos regresivos que no están relacionados con su nivel de ingresos, esos que a los que no son privilegiados como ellos le compensarán por la vía de la devolución del IVA.

Si se aprueba la reforma, Colombia seguirá teniendo ese particular sistema que hace que después de pagar los impuestos la sociedad sea más desigual por nivel de ingresos que antes de pagarlos.

La estrategia comunicacional del gobierno, que a mi juicio ha sido efectiva, ha llevado a que el debate público esté mediado por la necesidad de mantener unos programas sociales; algunos de los cuales existen desde hace años.

Incentivos para contratar jóvenes en programas de primer empleo es un programa que tiene algo más de diez años de vigencia. La sustitución de varios subsidios (Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y etcétera  por uno, es un propósito también de hace varios años que pasaría a llamarse Ingreso Solidario.

Ese debate, esa especie de chantaje de tiene esto solo si me da aquello, solo es leal si se da abiertamente en la discusión del presupuesto anual en el que discuta abiertamente la prioridad del gasto público. Que, para citar solo uno de centenares de ejemplos posibles, se debate si, a propósito del recorte de las facultades de la Procuraduría por las obligaciones derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recortamos esa entidad en vez de proponer crecerlas. El apoyo al proyecto de la Procuradora, el gobierno no lo condiciona a la aprobación de la Reforma Tributaria. Imagino que dirán entre bambalinas: va porque va.

Ni hablar de recortes de gasto o aplazar la inversión de la renovación de los aviones de guerra de la Fuera Aérea, eso no se condiciona.

Si el gobierno consigue que se tramite su proyecto, con las modificaciones que quieran, habrá conseguido mantener un sistema tributario abiertamente injusto. Nos concentrará, como ocurrió en esta columna, si se paga renta desde los cuatro millones mensuales de ingreso o desde los seis y si no le ponemos el IVA al estrato cuatro.

Ya que el Gobierno destapó la caja de Pandora en un momento políticamente tan malo, lo recomendable pareciera ser archivar la propuesta oficial y con la página en blanco redactar una nueva que haga que de verdad el sistema esté acorde con los principios constitucionales de progresividad y equidad tributaria.

Las trampas comunicativas han producido algún efecto para desviar el debate, ya veremos si se logra replantear o la urgencia nos avasalla.

https://m.lasillavacia.com/puerto-resistencia-cali-microcosmos-del-paro-2021-81316

 

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