ECOSOLIDARIO

¿Colombia estado de derecho?

Francisco Díaz, abogado constitucionalista

Fadir09@gmail.com

#Ecosolidario15Años – Grave equivocación se cometió al redactar el artículo 218 de la Constitución que nos rige, lo define como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las consideraciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 

Los últimos acontecimientos relacionados con un procedimiento policial y la muerte de un ciudadano, requieren ilustrar sobre las posibles acciones y actuaciones de una autoridad, cuya obligación fundamental es otorgar y proteger a quienes como seres humanos se hallen en el territorio colombiano, en su vida, honra y bienes, para lo cual han recibido la formación acorde con dicha misión institucional, para garantizar un buen comportamiento natural y obvio de los ciudadanos, de conformidad con la Constitución y la ley.

Para tal finalidad la institución Policía Nación con una organización dirigida por demasiados generales, que son los encargados por la ley de escoger muy bien a quienes la van a representar en diferentes escenarios, a través de una selección cuidadosa de su formación y antecedentes, pero además instruirlos y capacitarlos en escuela de formación, para poderles otorgar un título, que los vincula a tan necesaria  Institución del país, cuya finalidad es conservar y guardar el orden, proteger la vida y asegurar a los ciudadanos el poder realizar sus actividades como seres humanos.

Es oportuno entonces advertir que se trata de un organismo del Estado, donde sus integrantes pertenecen a una institución profesionalizada, constitucional y legislativamente definida como civilista, para distinguirlo de otras entidades, cuya acción y misión debe ser esencialmente preventiva y educativa. Lamentablemente desde la década de 1980 se convirtió en un organismo combatiente debido a las acciones del Estado contra el narcotráfico y la guerrilla, implicándose decisivamente en el conflicto armado interno y prevención de la delincuencia. La población colombiana tenía la esperanza con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla, que constituiría el comienzo del pronto restablecimiento de la misión constitucional de esta institución, que es lo natural y obvio en un Estado Social de Derecho, pero la situación de orden público en el país, permite deducir que tal posibilidad está lejos de cumplirse, pues esta ha sido una experiencia nefasta, incluso desde la independencia.

Grave equivocación se cometió al redactar el artículo 218 de la Constitución que nos rige, lo define como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las consideraciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Esta institución está entonces íntimamente ligada a la protección de los derechos humanos, lo cual impide por obvia conclusión que quienes la conforman, estén dedicados a resolver problemas diferentes a su real misión, sin embargo quienes representan al Estado en el legislativo y ejecutivo, los han dedicado a actividades que tienen poca relación directa con la convivencia y seguridad ciudadana, pues quienes trabajan en esta institución desde hace muchos años, están más dedicados a atender conductas de alto impacto en la guerra, donde las armas conocidas como de alto calibre, constituyen no solo su propia seguridad, sino para atender conductas de alto impacto respecto de la guerrilla. Para los gobernantes fue válido en esta readecuación de la misión natural y propia, dedicar a los policías a enfrentar conductas de alto impacto en la guerra de guerrillas que siempre han azotado a Colombia, modificando la acción y la conducta de quienes forman parte de la Policía Nacional. Hay que concluir que, en un estado social de derecho como el nuestro, las autoridades no están protegiendo los derechos y libertades, asegurando los deberes sociales que deben según la Constitución constituir la prioridad tanto en el orden nacional, como departamental y municipal.

Con los hechos sucedidos recientemente se debe producir un cambio fundamental en la formación de los integrantes de la entidad Policía Nacional, especialmente en materia de procedimientos y uso de armas, en su reemplazo debe existir mejor preparación académica, advertir que el uniformado no puede maltratar a las personas, pues el funcionario policía es un amigable componedor, asunto totalmente diferente a enfrentarse al ciudadano como sucedió, pues esta no es su misión constitucional y legal.

Las personas que forman parte de la institucionalidad policial, deben asumir en sus actuaciones, excepcionales requisitos de autocontrol, asumir extraordinaria tolerancia, tener empatía suficiente para generar confianza y seguridad, tener una excelente formación académica y estar dotado de una moral inquebrantable, responder siempre con respeto y simpatía, mantener una entrega total a la protección de las personas.

De acuerdo con los presupuestos anteriores, es obvio y procedente que el Estado a través de sus representantes legales, proceda a modificar el miserable salario que asigna a quienes forman parte de la institución Policía Nacional, pues el que devengan actualmente, no se compadece con los requisitos que se han expuesto anteriormente y el cumplimiento de la importante y noble misión que desempeñan.

Es evidente que la institución de la Policía se debe distinguir de otras actividades del Estado, por su preparación académica que deben poseer quienes la integran, por la nobleza de quienes la conforman, por la confianza que deben  inspirar, porque sus actuaciones deben estar ceñidas al respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, por la nobleza de sus integrantes, por su apego al principio de legalidad en todas sus acciones, por su profesionalismo y honradez, virtudes y principios necesarios para los integrantes de esa institución del Estado.

Los integrantes de la Institución de la Policía, deben demostrar que son los mejores actores y portadores de una Colombia incluyente y próspera, donde reine y se pueda disfrutar de una paz cierta e incluyente, aspectos respecto de los cuales se deben preocupar los representantes del gobierno nacional, de los gobernadores en sus departamentos y de los alcaldes en cada municipio.

Los integrantes del organismo policial, deben contar con una digna y eficiente preparación intelectual y moral, un desarrollo extraordinario de su potencial social y espiritual, demostrar su vocación de servicio, para proteger y llevar el mensaje de paz del gobierno, a la respectiva comunidad.

En este momento crucial, Colombia necesita una institución policial capaz de entender y comprender el momento histórico por el cual atraviesa el país, todos los colombianos debemos caminar hacia una meta diferente, para demostrar que somos una nación civilizada.

Como periodista y abogado, los anteriores son mi deseos y proyecciones, para que alcancemos todos los colombianos, un futuro diferente y una paz total.

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