ECOSOLIDARIO

Dos supervisores para la cartera de crédito

Evitar que, por desconocimiento desde la originación de los créditos, se omita información a la base social las condiciones vinculadas con la operación y por esa vía, generar onerosas sanciones para las organizaciones de economía solidaria.

 

Hace dos años, en julio de 2018 en esta columna https://issuu.com/ecosolidario/docs/eco_solidario_ed_151_final publicamos varios puntos de vista sobre lo que interpretábamos desde ecoSolidario, en materia de lo que para entonces eran los efectos de las inspecciones practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que derivaron en sendas sanciones a entidades de todo tipo entre las que se encontraban varias organizaciones de economía solidaria del país, producto del desarrollo de su actividad crediticia.

Las sanciones en su momento surgieron de las instrucciones que se derivaron del capítulo 35 del Decreto 1074 de 2015 y por ello indicábamos sobre la necesidad de instruir a la totalidad de empleados, comités y órganos vinculados con la operación de crédito sobre los requerimientos del capítulo citado.

En tres artículos se centra la principal problemática, que incluyen a su vez 16 numerales con requerimientos concretos, gran parte de los cuales no figuran en la lista de información que se debe aportar al asociado conforme a las instrucciones del capítulo II de nuestra Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria.

carlosrodriguezm1@hotmail.com

Pues bien, el anterior recorderis surge porque en la presente semana, más exactamente el día 27 de julio, los Presidentes de Senado y Cámara de Representantes firmaron la Ley 2032, documento que consta de tres páginas mediante las cuales se regula el pago anticipado de los créditos para asociados (léase consumidores de servicios crediticios).

En resumen, las tres páginas son muy claras con relación a las siguientes principales instrucciones:

El artículo 1° inequívocamente hace aplicable la Ley solo a las entidades “del sector cooperativo”, pero en el parágrafo del mismo artículo se hace extensivo a las entidades “del sector solidario … brindar al usuario información transparente, precisa, confiable y oportuna de manera verbal y escrita en el momento previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación entregando la misma de forma personal y por intermedio de correo certificado o medios digitales.”

Ese mismo parágrafo incluye una instrucción que no es que sea nueva, pero debe estudiarse con sumo cuidado por todo lo que implica Vs las actuales políticas y prácticas en materia de aplicación de pagos que tienen algunas organizaciones:

Es derecho del deudor decidir si el pago parcial que realiza se lo abonará a capital con disminución de plazo del crédito o del número de cuotas, o con disminución del valor de la cuota de la obligación y en ningún caso lo podrá determinar la respectiva entidad del sector cooperativo. Es obligación de las entidades del sector solidario preguntar al usuario sobre su voluntad respecto de la forma en que se imputarán cada uno de los pagos anticipados que se hagan.”

El artículo 3° instruye: “En los eventos en los que no exista regulación especial frente a la vigilancia del régimen de protección de usuarios de los servicios crediticios en el sector cooperativo, el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de lo dispuesto en la presente ley estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

En este último caso y estudiando las funciones de la Supersolidaria, aunque parezca obvio o natural por el tipo de supervisor en que se constituye, no encontramos que dentro de las mismas figure la protección de usuarios de los servicios crediticios, motivo por el cual interpretamos que entonces corresponderá a la SIC asumir esa defensa y por lo tanto mucho me temo que las inspecciones por parte de ésta última superintendencia serán mucho más estrictas en la aplicación de esta nueva Ley.

Al oído de la Supersolidaria

Por este motivo, dentro de los aportes que en su momento dirigimos a la Supersolidaria en procura de ajustar el actual proyecto de SARC, uno de los comentarios estaba dirigido a incluir dentro de la nueva circular básica contable y financiera instrucciones que incluyeran las condiciones del capítulo 35 del Decreto 1074 de 2015 y ahora, sumarle los de la nueva Ley 2032, para con ello, evitar que por desconocimiento desde la originación de los créditos, se omita éste tipo de información a la base social las condiciones vinculadas con la operación y por esa vía, generar onerosas sanciones para las organizaciones de economía solidaria.

LEY 2032 DEL 27 DE JULIO DE 2020
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