¿Existe el derecho a desinformar en Internet? "misinformation" de la "disinformation"

¿Existe el derecho a desinformar en Internet?  "misinformation" de la "disinformation"

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

‘Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos’.

Notas tomadas de portales españoles. Según la Real Academia de la Lengua Española, desinformar es “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” o, en su segunda acepción, “dar información insuficiente u omitirla”. Foto: www.fuhem.es/

JAVIER CUAIRAN 15 JUN. 2020 – 14:05

Internet y el auge de las redes sociales no solo han supuesto la aparición de nuevos modelos de delincuencia (fraudes online, suplantaciones de identidad, etc.), sino también la ruptura del esquema tradicional de comunicación presente en 1978. La transmisión de la información ya no es monopolio de los medios. Cualquier ciudadano tiene ahora a su alcance la posibilidad de difundir un flujo casi ilimitado de noticias, ante una comunidad universal y con gran inmediatez, con independencia de su acomodo o no a la realidad. Pero, ¿autoriza eso a la intervención del Derecho Penal?

El Artículo 20 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente “información veraz”. También advierte a los poderes públicos de que no cabe su restricción “mediante ningún tipo de censura previa”, a salvo de los límites establecidos en ella, en referencia a derechos de gran raigambre constitucional como el honor. Sin embargo, la frontera entre ambos derechos siempre ha sido difusa.

Y ahora más que nunca. La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho que la colisión entre ambos derechos adquiera nuevas proporciones. Cada uno de nosotros hemos dejado de ser meros receptores de información para convertirnos en potenciales informadores lo que, unido al volumen desmesurado de contenidos que circulan por la red, dificulta enormemente el control de calidad de las noticias suministradas, haciendo en algunos casos imperceptible la distinción entre la verdad material y la desinformación o “fake news”.

El pasado 16 de abril de 2020, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que señalaba que las “fake news” podrían llegar a integrar diferentes tipos penales “dependiendo a qué se refieran y con qué intención sean difundidas”. Por citar sólo algunos, el delito de incitación al odio (art. 510 CP); el delito de estafa (art. 248 CP); el delito de publicidad engañosa (art. 282 CP) y alteración del precio de cotización de instrumentos financieros mediante difusión de noticias falsas (art. 284.1.2º CP), así como el delito de desórdenes públicos (art. 561 CP).

Sin embargo, donde la desinformación cobra singular importancia es en los delitos contra el honor: injurias y calumnias. El delito de injurias con publicidad -el cometido a través de internet o de las redes sociales- castiga la conducta de quien vierte informaciones que lesionan gravemente la dignidad de un tercero o menoscaban su fama

(art. 209 del CP); mientras que el delito de calumnias va un paso más allá y exige la imputación de un delito (art. 206 del CP).

Pero, ¿y si la información que afecta gravemente a la dignidad del sujeto o en la que se le atribuye la comisión de un delito resulta ser cierta? ¿Puedo difundirla?

Sí. La “exceptio veritatis” o la “excepción de la verdad” es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Nuestro Código Penal únicamente tipifica la difusión de información falsa, excepcionando de castigo la que se demuestre cierta, aunque atente contra derechos tan fundamentales como la intimidad, el honor y la propia imagen.

¿Y si dicha noticia resulta no ser cierta, pero el particular que la publica la ha obtenido con el respaldo de fuentes (aparentemente) fidedignas?

En este punto debemos distinguir lo que en el derecho anglosajón se conoce como la “misinformation” de la “disinformation”. O, en otras palabras, si la falsedad de la información que atenta contra el buen nombre de otro es producto de un error y, por tanto, involuntaria (“misinformation”) o, por el contrario, de una mentira consciente para la consecución de otros fines bien alejados de los meramente informativos, como el tratar de influir en la opinión pública (“disinformation”).

En este último caso, parece obvio que la libertad de información no ampara al difusor mientras que, en el primero, solo prevalecerá si la ha contrastado de forma adecuada a las características de la noticia y de los medios disponibles. “Información veraz” no equivale a verdad, sino a honestidad en la obtención de la información que se difunde. Dicho de otra manera, la libertad de información del artículo 20 de nuestra Constitución ampara la noticia errónea, que no la deliberadamente errónea.

Como hemos visto, la desinformación en la era de internet supone un nuevo desafío para los Estados. ¿Es suficiente con incentivar la adopción voluntaria de medidas preventivas, tal y como sugiere la Comisión Europea en su “Plan de Acción contra la Desinformación”, de 5 de diciembre de 2018; ¿o, por el contrario, se hace necesaria una verdadera regulación que otorgue a los poderes públicos la potestad de imponer sanciones, al margen de la Administración de Justicia, tal y como sucede en países como Alemania y Francia?

El debate está servido. Independientemente de cuál sea el sistema elegido, conviene tener presente que el recibir y difundir información de calidad requiere del esfuerzo y compromiso individual de todos. Y sí, en toda sociedad democrática que se precie, exceptuando aquellas informaciones que dan lugar a los delitos contemplados en sus respectivos códigos penales, “existe el derecho a desinformar y a ser desinformados”. https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/06/15/5ee76409e5fdea3b0b8b458b.html

Derecho a la desinformación

Foto Unesco. El universo.com

Carlos Penedo

alrevesyalderecho@gmail.com

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, «se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción»; y «a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica». Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». «El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa», advierte. Y, «Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar («expresar y difundir libremente») y a ser informado («recibir libremente información»). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, «información veraz», que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La «información veraz» puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que «el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie».

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado. http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5660

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *