Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en AL

Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en AL

Bogotá, 21 de abril de 2022. Edición wiltonrizzo@ecosolidario.com.co El libro es parte de un trabajo colaborativo realizado con Cooperativas de las Américas–Alianza Cooperativa Internacional, en el marco del proyecto “Desarrollo productivo y heterogeneidad espacial en América Latina” financiado por la Unión Europea.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del Acuerdo de Entendimiento Mutuo establecido con Cooperativas de las Américas en agosto de 2020, lanzó durante este mes el libro “Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina”. El documento, elaborado por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL con la colaboración de expertos de ocho países de la región, tiene por objetivo analizar la institucionalidad pública y privada cooperativa y elaborar diagnósticos y recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas al sector.

En el prólogo, Alicia Bárcena, -quien finalizó en marzo su gestión como Secretaria Ejecutiva de la CEPAL tras 14 años al mando de la institución-, aseguró que “el sector cooperativo es un actor económico y social importante en la región”, ya que “añade un fuerte componente de democracia, igualdad, sostenibilidad e interés por el avance de las comunidades”. Asimismo, recalcó que la CEPAL mantiene un compromiso “no solo con el sector de la economía social y solidaria en particular, sino también con el reconocimiento de que es necesario contar con formas alternativas de producción para avanzar en el desarrollo sostenible y en el buen vivir de los países de nuestra región”.

En total son ocho los países cuya institucionalidad y política pública se analiza a profundidad: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Cada experiencia nacional cuenta con un capítulo elaborado por colaboradores expertos en la temática, y entrega un panorama general de lo que ha sido la evolución de la institucionalidad pública cooperativa en cada país, con especial atención a lo realizado en las últimas décadas.

Los resultados generales de la investigación muestran que, en materia de políticas públicas e institucionalidad dirigidas al sector cooperativo, la tendencia general ha sido positiva, con un fuerte incremento en el número observado de empresas cooperativas a partir del 2008, lo que ha sido resultado -señala el primer capítulo- de reformas políticas que gobiernos de la región han implementado para fortalecer al sector. En este sentido, se observa una correlación entre la creación y fortalecimiento de las instituciones de promoción de la economía social y solidaria, y el incremento en la cantidad de cooperativas en los países en que procesos de este tipo han tenido lugar.

Por otro lado, se constata que el apoyo al sector cooperativo se enmarca en gran medida en el fomento al sector más general de economía social y solidaria (el que cuenta con distintas denominaciones dependiendo del país), pero siempre considerando a las cooperativas como parte central del sector. Al respecto, se concluye que la institucionalidad pública que busca fortalecer la economía social y solidaria es, en varios casos, la misma que la que apoya al sector cooperativo. Esto es especialmente cierto en los países con las institucionalidades públicas más fortalecidas. Es por este motivo que la tendencia para el futuro de la institucionalidad pública cooperativa en los países de América Latina va en línea con el fortalecimiento de la categoría más amplia referente a la economía social y solidaria.

Finalmente, cabe destacar que la CEPAL se encuentra actualmente trabajando con algunas de las instituciones públicas mencionadas en esta publicación, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad pública y de integración cooperativa, planificar estrategias para el fortalecimiento de las políticas públicas para el sector y mejorar las estadísticas que sirvan para apoyar la elaboración de diagnósticos y políticas públicas.

 

 

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