¿Matanza de Puerto? ni el Ejército ni el Gobierno Duque responden

¿Matanza de Puerto? ni el Ejército ni el Gobierno Duque responden

Los periodistas de Vorágine, El Espectador y Revista Cambio que llegamos hasta el lugar de los hechos coincidimos en que la historia que tratábamos de reconstruir era más grande e importante que nuestras capacidades individuales como reporteros y debía estar por encima de cualquier espíritu de competencia común en este oficio. Por eso, y porque el país tiene derecho a conocer de la forma más completa posible lo que ocurrió el 28 de marzo en Puerto Leguízamo, decidimos actuar como si fuésemos una unidad investigativa y compilar la mayor cantidad de material en el corto tiempo que teníamos, para luego compartirlo. El resultado es un trabajo colectivo que recaudó cerca de 30 testimonios, videos y fotografías que cada periodista se dio a la tarea de narrar a su manera.

Vorágine, en alianza con Cambio y El Espectador, estuvo en la vereda del Putumayo donde la Fuerza Pública realizó un operativo que terminó en masacre. Hay fotos que indicarían que el Ejército hizo movimientos de cuerpos en la escena de los hechos antes de que llegara el CTI.

10 de abril de 2022. Por: José Guarnizo, vereda El Remanso, Putumayo. Ilustraciones: Angie Pik

Video: Bibiana Bello

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Video La comunidad rechaza al ejército

Video reclaman los soldados que les dejen reconocer los cuerpos

Inquietudes de Daniel Coronell en la W

Ayer, domingo 10 de abril, me comuniqué con el señor general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Le pedí que aceptara una cordial invitación para estar hoy aquí en La W y hablar sobre la muerte de 11 personas, a manos de militares, en una vereda del Putumayo. Mi interés en entrevistar al alto mando obedece a la cantidad de evidencias que parecen contradecir la versión oficial sobre estos sangrientos hechos.

Ana María Sarrias duraría una hora y media desangrándose y esperando unos primeros auxilios que el Ejército nunca le proporcionó, ni por simple humanidad.

No la auxiliaron aún cuando los mismos soldados estuvieron disparando en el momento en que ella sintió el fogonazo en su pierna. No la ayudaron aún cuando Ana María era una mujer de 24 años con dos meses de embarazo, aún cuando no tenía nada qué ver con el conflicto. Una hora y media desangrándose duró.

El Pájaro, como apodan a un vecino suyo, hizo lo que pudo por socorrerla. La tomó de los brazos y la arrastró unos diez metros hasta la orilla del río Putumayo y se sumergió con ella buscando una lancha. Lo hizo porque Divier Hernández, el esposo de Ana María y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso, le suplicó que intentara salvarla.

—Pájaro, ayúdeme, llévese a mi señora, tenga las llaves del bote —dijo Divier.

El problema es que alrededor llovían las balas y no se sabía hasta ese momento de dónde venían. Mujeres, niños, hombres, todos corrían de un lado al otro intentando resguardarse. El mismo Divier había estado con Ana María escondido detrás de una enorme palmera cuando la bala la alcanzó. Y fue entonces que El Pájaro llevó a Ana María hasta la orilla del río.

Antes de caer muerto con un disparo en la cabeza, es posible que Divier haya alcanzado a ver a su esposa irse cojeando, agarrada del vecino. Quizás no. El caso es que el presidente de la Junta de Acción Comunal quedó tendido boca arriba, con la cara destrozada, los brazos abiertos, su camiseta azul oscura cubriéndole su cuerpo robusto y el jean debajo de las botas pantaneras, según se puede ver en una fotografía que reposa en el expediente del caso.

Era lunes 28 de marzo. “Domingo para amanecer lunes”, dice El Pájaro cinco días después mirando el río que baja apresurado y oscuro hacia Puerto Leguízamo. Lo cuenta en voz baja, con los ojos empantanados, como deshaciéndose de un aguijón que lo visita en las noches y le impide dormir.

Aquel 28 de marzo, siendo las 4:35 de la tarde, el ministro de Defensa Diego Molano dio parte de lo sucedido. En un trino dijo que gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continuaban en desarrollo en contra de las disidencias de las Farc, habían “neutralizado a 9 criminales y capturado a 4 más en Puerto Leguízamo”. Y agregó: “#ConTodasNuestrasFuerzas protegemos a Colombia de estos #SímbolosDelMal”. Horas después el ministro dijo que eran once los disidentes dados de baja.

Hasta el presidente Iván Duque trinó diciendo que todos los muertos eran disidentes: “Continúa la ofensiva #SinTregua contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país. En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo”.

Divier y Ana María eran civiles, no estaban armados según se ve en las fotos que de sus cuerpos quedaron para la investigación y que están en manos de la Fiscalía. Son imágenes que por su crudeza no dan para publicar en este artículo. Pero existen, ahí están. Nosotros las vimos.

Ellos, además, no hacían parte de ningún grupo armado ilegal. Estaban en Alto Remanso en un bazar que duró tres días y que atrajo a campesinos, indígenas y afros de las veredas aledañas, incluyendo poblaciones de Ecuador y Perú que se ubican al otro lado del río.

Tampoco fue cierto que hubo cuatro capturas. Nueve días después, la Fiscalía reconoció en un comunicado que el Ejército no había llevado a cabo un procedimiento de ese tipo. Cuatro personas heridas, entre ellas una menor de edad, habían sido trasladadas a hospitales. Pero ninguna de ellas fue llevada ante un juez ni les presentaron cargos.

¿Quiénes eran entonces los demás muertos?

—Bueno, Pájaro, qué hacemos —dijo Ana María en esos primeros minutos cuando estaban a punto de subirse al bote. La sangre le seguía saliendo a borbotones de su pierna herida. Un helicóptero militar sobrevolaba el caserío.

“Nos íbamos a subir a la lancha cuando nos disparaban y nos disparaban. Nos dimos vuelta y echamos para abajo. Nos escondimos detrás de una mata de chipa, en una raíz”, sigue contando El Pájaro.

—Haga algo por mí, yo no me quiero morir —le dijo ella, quizás sabiendo ya que Divier había fallecido.

—No puedo Ana, porque nos matan —le contestó El Pájaro, agarrándola de la cintura para que no se ahogara. Se quedaron inmóviles y agazapados detrás de los matorrales que crecen al borde del río.

El Ejército ha defendido como legítima la operación. Hasta el momento el Estado no ha reconocido, al menos públicamente, que hubiesen caído civiles. La versión oficial indica que el 28 marzo se llevó a cabo una acción conjunta entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea que tenía como objetivo ubicar a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias ‘Bruno’, y a otro hombre conocido como ‘Managua’, jefes del Frente 48 de las disidencias, que también son llamados Comandos de la Frontera. Se trata de un grupo de disidencias mezclado con exparamilitares que se dedica al narcotráfico y que se disputa el bajo y el medio Putumayo con el frente Carolina Ramírez, también disidentes de las Farc. Un informe de la Fiscalía dice que en el operativo participaron inicialmente diez militares, entre los que había un francotirador, y que luego, por vía aérea y fluvial, recibieron el apoyo de 40 militares más.

El general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional dijo que la operación había iniciado diez días atrás, y que se desarrolló en medio de fuertes combates. Aseguró también que el procedimiento estuvo enmarcado dentro de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que cumplió con los protocolos que demandan las operaciones militares tanto desde lo jurídico, como desde lo doctrinario.

Todo el estamento oficial ha cerrado filas en torno a que en el caserío había presencia de disidentes armados que repelieron la avanzada de las tropas y que una muestra de ello es el testimonio de un soldado que salió herido en la operación.

¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿El Ejército está diciendo toda la verdad?

Cinco días después del operativo, en la vereda Alto Remanso cae una lloviznita intermitente. Desde Puerto Asís el trayecto en bote duró unas cuatro horas y media. Dos periodistas de El Espectador, dos de la revista Cambio y dos de Vorágine nos acabamos de bajar de una lancha. En el terreno hay una misión de la Mesa Territorial de Garantías del Putumayo, de la que hacen parte más de diez organizaciones de derechos humanos.

Hay funcionarios de la Fiscalía tomando declaraciones a la comunidad, como parte de la investigación que adelanta. Algunos habitantes de Alto Remanso se quejan de su tardía llegada: aparecieron solo cuatro días después. Otras personas del caserío también dicen que temen hablar ante tanta presencia de soldados: cómo testificar libremente si los militares están rodeando la vereda, con sus fusiles, con sus miras. Los uniformados han estado aquí desde que ocurrieron los hechos. Nunca se fueron para dar paso a otras autoridades que pudiesen tomar evidencias de forma independiente. Y estuvieron prácticamente solos, pues gran parte de la comunidad huyó el día del operativo por físico miedo y solo regresó hasta hoy. De 250 habitantes que hay registrados en la Junta de Acción Comunal, solo 20 quedaron al día siguiente de los hechos.

A pocos metros de donde cayeron los muertos están tres altos oficiales del Ejército: el Brigadier General Óscar Alexander Tobar, jefe del departamento jurídico integral del Ejército, y la Mayor General Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Ellos toman nota, y se pasean por la vereda observando las labores de los funcionarios de la Fiscalía. Cuando los abordamos dijeron que no estaban autorizados para dar declaraciones. El tercer general que está en Alto Remanso es Juan Carlos Correa, comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército. Este último está a cargo de la seguridad de la zona. Y los dos primeros, de blindar el caso jurídicamente en favor del Ejército.

En la escena del crimen no hay acordonamientos. El teatro de los acontecimientos está contaminado, dice David Melo, el abogado apoderado de las víctimas. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo tal vez estén en Bogotá o en Puerto Leguízamo en sus oficinas. Porque aquí no hay ninguno.

Entre los periodistas acabamos de decidir que compartiremos toda la información recolectada, pensando en la magnitud de lo que hay enfrente. Parados en la misma cancha donde volaron disparos el 28 de marzo nos dividimos el trabajo de reportería por zonas, por víctimas. La historia es más importante que nosotros, que los medios para los que trabajamos, que los jefes, nos decimos.

Alto Remanso no es más que una cancha en cemento alrededor de la cual hay una caseta, unas cuantas viviendas, y un prostíbulo al que llaman El Chongo. El resto de casitas están desperdigadas a lo largo de trochas y caminitos. Todas son estructuras de madera. El río pasa a un costado, la montaña observa desde el otro. Y detrás hay vastas extensiones de cultivos de hoja de coca, según dicen. No hay tiendas, no hay comercio. A esta vereda el Estado suele venir con soldados y con olvido. No con mucho más. El medio Putumayo es una región aislada del mundo.

A veinte minutos en lancha, dice El Pájaro, está la casa de Divier y Ana María. También se puede llegar caminando por un bosque por donde suelen salir marranos de monte, borugas, loros, guacamayas, tentes y paujiles. Y mucha mata de plátano, y de yuca se puede divisar. Alto Remanso está ubicado en una especie de vértice en el que confluyen los límites entre Colombia, Perú y Ecuador. A los tres países los une la selva amazónica y la presencia de comunidades indígenas para las cuales las patrias son difusas. Por miles de años en este territorio han vivido pueblos Murui, Muinane, Kichwa, Siona y Coreguaje.

Al lado de la montaña hay una caseta con piso de tierra que ahora está tupida de latas retorcidas de cerveza, platos de icopor usados, y algunas botellas vacías de Buchanans. Son los restos del bazar que terminó en masacre, según la comunidad, o que desembocó en el triunfo de la institucionalidad, si es por las Fuerzas Militares. En el perímetro se pueden ver dieciocho banderitas rosadas que fueron clavadas en puntos específicos por los investigadores de la Fiscalía. Once de ellas indican el lugar en el que quedó un muerto. Las otras refieren algún otro material probatorio. Hay tantas personas hoy en el caserío que es común ver que alguno las pise.

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Hay por lo menos cuatro preguntas clave que tendrá que resolver la Fiscalía. Lo primero es si en el momento del operativo en la vereda había hombres armados de las disidencias comandadas por alias ‘Bruno’. Lo segundo será determinar si había civiles en medio del fuego cruzado. Lo tercero es saber quién lanzó el primer disparo que desató el combate. Y cuarto, si el Ejército manipuló la escena de los acontecimientos una vez terminó el operativo.

Varios testimonios que recogimos en la zona indicarían que en el bazar habrían estado al menos cinco hombres armados de las disidencias de las Farc mezclados con la comunidad. Es el paisaje de innumerables rincones del país donde no hay Estado y donde las comunidades han vivido históricamente a merced de los grupos armados ilegales. Si un hombre con un fusil terciado a la espalda llega a pedir comida o bebida, pues hay que darle. ¿O qué otra opción tiene un civil desarmado?

¿Que si había civiles cuando se desató la balacera? Una gran cantidad de mujeres, hombres y niños estaban ese día allí. Es difícil que el Ejército pueda rebatir esta teoría, pues hay fotos y centenares de testimonios que lo refrendan. Era el tercer día de fiesta. El bazar tenía como propósito reunir fondos para construir un camino de 2,5 kilómetros de placa-huella para conectar la vereda con fincas de la zona. Divier, como presidente de la Junta de Acción Comunal, era el encargado de recibir el dinero de cada plato de comida que se vendiera.

El sábado hubo carne asada de un novillo que mataron. El domingo ofrecieron sancocho de gallina, caldo de hueso, con arroz, yuca cocida y ensalada. Las mujeres prestaron turnos de ocho horas en la cocina durante los tres días. La cerveza parecía no tener acabadero.

Para el amanecer del lunes, justo antes de que llegara el Ejército, muchos de los comensales estaban borrachos, otros dormidos sobre las mesas de la caseta. Unos más seguían en pie. Algunos vecinos estaban saliendo de sus casas pensando en disfrutar el último día del convite.

Divier estaba trasnochado, no tuvo quién lo relevara en su importante misión de ser el garante de las ventas de comida. Ana María, su esposa, le daba una mano en la cocina. Una mujer que trabajó largas horas manipulando alimentos recuerda que el presidente de la Junta estaba contento, que le estaba contando a todo el mundo que ya habían recogido 11 millones de pesos y eso que faltaba el día del lunes para seguir vendiendo empanadas.

Entre las 6:30 de la mañana y las 7:00, Divier estaba explicándole a un nuevo grupo de mujeres dónde estaba la comida, qué quedaba por vender, qué faltaba por preparar, qué había que hacer. Y se escuchó un primer disparo cuyo estruendo provino desde la montaña, justo detrás de la cocina.

“Yo me agaché y a Divier le dio risa. ‘Parece boba, alguien debe estar estallando totes por ahí’, me dijo él”. Y continúa: “Cuando sonó el segundo disparo yo fui al cuarto a buscar a mi niño de 9 años a ver si todavía estaba ahí”. Y se armó una balacera que pudo durar entre una hora, y una hora y media, de acuerdo con varios testigos.

Y es aquí donde comienzan los nudos neurálgicos de esta historia. No se trataba de un campamento guerrillero, pese a que allí estuviesen por lo menos cinco disidentes armados. El operativo del Ejército tuvo como escenario el ocaso de una fiesta en la que había vecinos de veredas aledañas con sus hijos. ¿Cuántos niños había? “Entre los 5 y 10 años, eran diez menores. Y recién nacidos, cinco”, relata otra de las mujeres que colaboró durante la noche preparando comida.

El abogado Antonio Varón Mejía, experto en DIH y profesor de la Universidad del Rosario, dice que por la dimensión del bazar, el Ejército debió ponderar el principio de humanidad sobre el militar, más si solo iban por dos cabecillas. “El principio de proporcionalidad no está claro porque había alta movilidad humana y debieron limitar el operativo. Las posibilidades de que se convirtiera en un ataque directo a los civiles eran muy altas”.

El ministro Molano dijo, sin embargo, que el operativo no había sido en contra de campesinos, sino de disidencias de las Farc. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos”.

Sobre quién disparó primero hay dos versiones encontradas. Los militares han dado a entender que en la operación en busca de alias ‘Bruno’, a quien finalmente nunca encontraron, fueron atacados por los disidentes armados que estaban en la caseta y que las tropas actuaron bajo el principio de la legítima defensa.

Pero de otro lado, en la comunidad abundan los testimonios que aseguran que los primeros soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Los relatos dicen que estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, y que se cuidaron de no disparar en contra del helicóptero.

“Uno que era supuestamente de las Farc se acercó al helicóptero y le entregaron un bolso (…) y un uniforme, y se lo colocó por encima de la otra ropa. Ellos se secretearon ahí, y nos dimos cuenta del montaje”, dice otra mujer.

Esta versión de varios de los habitantes de la vereda indicaría que el Ejército se habría valido de esta estrategia para introducir el escenario de un combate, de modo que los soldados después pudieran defenderse y accionar sus armas. En un video grabado desde adentro de una de las casas de la vereda se pueden ver dos hombres en posición de arrastre, disparando con fusiles, vestidos de la manera en que la comunidad describe a los supuestos soldados vestidos de guerrilleros. La Fiscalía deberá evaluar la veracidad de estas pruebas.

Lo que sucedió durante la hora y media en que se extendieron los combates parece sacado de una película de terror. Sí, es un lugar común llamarlo de esa manera. Pero es que no hay otra forma de explicar el momento en que el gobernador indígena Pablo Panduro intentó correr y cayó herido justo dos pasos dentro de la cancha de cemento, ahí mismo donde solía divertirse los fines de semana jugando fútbol. El sol comenzaba a salir. En los momentos en los que amainaban las balas y el caserío se quedaba en silencio, dicen que se escuchaban los gritos de este hombre de 49 años pidiendo auxilio. Eran gritos que no iban a ningún lado porque nadie se atrevía a acercarse por temor a caer derribado por el francotirador. Uno de sus amigos lo intentó, pero el mismo Panduro le dijo que huyera porque lo podían matar. “Cuando vi que mi compadre había caído intenté auxiliarlo, pero si me acercaba era la vida de él o la mía”.

Panduro falleció desangrado, sin recibir primeros auxilios. Era un líder del pueblo Kichwa. Cuando muere una autoridad indígena se van de paso siglos de conocimientos ancestrales, porque no es en los libros donde queda consignada la sabiduría indígena sino en la tradición oral. Panduro les enseñaba a los niños el quechua, su lengua materna. Será difícil que el Ejército intente hacer pasar a Panduro como guerrillero. El gobernador nunca empuñó un arma, y de ello hay infinidad de testestimonios.

En un video grabado horas después del operativo del Ejército se ve cómo los pobladores les reclaman a los soldados que los dejen reconocer los cuerpos de sus familiares. En las imágenes se ve cómo una mujer se retuerce en el piso, desconsolada porque no le permiten despedirse de su ser querido. Y ahí es cuando alguien dice: “No tenemos armas los civiles, ¿por qué nos hacen esto? Lo más berraco es que les pusieron armas. El señor al que ustedes le pusieron un fusil es un gobernador acreditado por la alcaldía. Él era una persona desarmada”.

Mientras el gobernador Panduro agonizaba, en otro punto del caserío caía muerto un menor de edad llamado Brayan Santiago Pama. 16 años tenía. Varios testigos coinciden en decir que el niño intentó socorrer a un herido cuando recibió el primer disparo. Se desplomó cerca de la orilla del río. Será imposible que a la gente se le borre de la memoria el momento en que Rodolfo Pama, padre de Brayan Santiago, corrió hasta donde estaba el cuerpo tendido de su hijo y comenzó a decirle, desesperado, “abra los ojos, papito, levántese”.

Sobre el asesinato de Brayan Santiago hay indicios de una posible manipulación del cadáver por parte del Ejército. Conocimos tres fotografías en las que se ve el cuerpo de Brayan Santiago momentos después de su muerte. Las imágenes abren varios interrogantes si se tiene en cuenta que en una de ellas el niño aparece desarmado acostado boca arriba. En otra se le ve dentro de una piraña de la Armada. Y en una más, que también corresponde a la misma embarcación, el cuerpo tiene puesto un fusil en el pecho que antes no estaba. En las dos últimas, Brayan Santiago está al lado de otro cadáver. ¿Por qué en una foto el cuerpo aparece con fusil y en las otras dos no?

Las fotos, que hacen parte del expediente de la investigación y que no publicamos por ser imágenes en extremo sensibles (ver ilustraciones que las reproducen de manera fidedigna), fueron analizadas por un experto forense. Su dictamen dice que la camisa de Brayan Santiago fue jalada. Asegura que las armas que se ven en la piraña fueron puestas. “La primera foto es la de la lancha. (…) Hay restos de pasto en las manchas de sangre. (Los impactos) no fueron con tiros de fusil. Los cuerpos fueron subidos a la lancha posteriormente a su asesinato. Al lado derecho se ven huellas de arrastre”.

Frente a la foto del cadáver de Brayan Santiago boca arriba sobre la tierra, el forense dice: “Tierra en los pliegues de la camisa. Pudo haber caído de frente. Lo arrastraron, le dieron la vuelta. Signos de arrastre. Arrastre de la parte inferior del brazo derecho es un arrastre cuando todavía estaba vivo. (La herida) del brazo izquierdo, como si fuera con un arma cortopunzante. No hay lago hemático en la tierra. Las fotos son de recién muerto, por el brillo de los ojos. En menos de dos horas”.

Lo anterior querría decir que el cuerpo de Brayan Santiago fue objeto posiblemente de movimientos antes de que al lugar llegaran agentes del CTI a realizar los actos urgentes, llamados así porque están destinados a recoger las evidencias lo más rápido posible, antes de que alguien las altere o las desaparezca. Según dijo el Ejército en rueda de prensa, los funcionarios que hicieron los levantamientos arribaron a las 11:50 de la mañana del 28 de marzo. Sin embargo, un informe de la Fiscalía al que tuvimos acceso dice que los funcionarios del CTI que habrían de llevar a cabo la inspección técnica de los cadáveres apenas fueron informados de los hechos a las 2:20 de la tarde, es decir, casi cinco horas después del operativo. Después de enterarse tuvieron que desplazarse hasta el batallón de Artillería No. 27 de Mocoa y, solo en ese momento, se subieron en un helicóptero que los terminaría llevando hasta el Alto Remanso.

¿Qué hicieron los soldados durante esas cinco horas en el Alto Remanso? Una vez acabó la balacera, los militares obligaron a todos los pobladores a salir de sus casas. Los condujeron hasta la cancha y les ordenaron mirar de espaldas a la zona donde estaban los muertos. Varias personas denuncian que niños, mujeres y hombres -algunos con su duelo a cuestas- tuvieron que quedarse bajo el rayo de sol durante cerca de cuatro horas, apenas yendo al baño cuando eran custodiados por soldados armados. Una fotografía quedó como testimonio de ese momento.

Los 11 millones de pesos que Divier había recaudado de la venta de la comida se los llevaron los militares. Algunos habitantes con los que hablamos dicen que también se apoderaron de teléfonos celulares y licor que había quedado de la fiesta. Aseguran que también los insultaron. “Nos trataron mal, nos decían, ‘todo esto es culpa de ustedes, ¿quieren seguir bailando? Vayan que todavía queda cervecita’”, relata una mujer.

Una de las trabajadoras sexuales de El Chongo les contó a los vecinos que un soldado le puso un pie en la cabeza y que se llevó su celular sin darle ninguna explicación. Otro habitante de la vereda aseguró que a un amigo suyo, cuyo nombre omitimos por razones de seguridad, los militares le robaron un maletín que tenía 36 millones de pesos producto de la venta de una finca. “Cuando fue esa plomacera tan hijueputa, él se tira contra el barranco y le dicen, ‘salga de ahí con las manos en alto’. Él llega y saca el maletincito y se lo registran. Le dicen que con esa cantidad de dinero se lo pueden llevar preso. Le dan la opción de irse caminando de frente sin mirar atrás. Y cuando él voltea ya no había maletín ni soldados”. Tras el operativo, el Ejército dio cuenta de un supuesto dinero incautado, pero nunca especificaron de cuánto se trataba.

Hay un tema del que poco o nada se ha hablado tras el operativo y tiene que ver con las personas que la comunidad reporta como desaparecidas. Dicen que no saben del paradero de cinco conocidos: Diego Delgado Hernández, Brayan Stiven Salazar Rodríguez, Andrés Felipe Chalarca, Juan Antonio Rebolledo y su hijo de 8 años. Hay denuncias en la Fiscalía por estas desapariciones.

Podría escribirse un libro con la cantidad de testimonios recogidos en la vereda. Una mujer dice haber escuchado el momento en que los militares aparentemente dieron la orden de matar a Divier, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el esposo de Ana María.

“Yo escuché clarito cuando un hombre llamó a un tal Chacal, que me dicen es el francotirador. Me da miedo hablar de esto (hace una pausa). Y dice, ‘maten a ese hijueputa, el que está escondido atrás de la palma’. Y era él (Divier) porque cuando salimos hacia afuera era él el que estaba detrás de la palma, el finado. Le dieron un tiro en la frente”, dice.

Ana María y El Pájaro duraron escondidos más de hora y media en el río, apenas asomando las cabezas de cuando en cuando. Al ver que llegaban las pirañas de la Armada pensaron que los rescatarían. Al fin y al cabo El Pájaro y Ana María eran civiles en medio de un combate entre el Ejército y un grupo armado. Pero los botes siguieron derecho y Ana María continuó desangrándose.

—Pájaro, me voy a morir, ya no aguanto, qué tristeza, Divier está muerto, yo vi cuando le dispararon, ya está muerto el papá de mis hijos, yo no los puedo dejar solos —decía ella. Se refería a Dainara Hernández Sarrias, de 6 años. Y a Kaleth Hernandez Sarrias, de dos añitos.

“De un momento miré a Ana María y ella pegó un solo suspiro”, recuerda El Pájaro. Se le murió en los brazos. De nada valieron su lucha en el agua ni los insufribles momentos de angustia. Ana María falleció atormentada.

“Estaba pesada. Tuve que bregarla a sacar. De ahí ya la dejé sola. Me escondí más arriba, hasta que llegó el Ejército. Yo pensé que nos iba a ayudar. Mentiras, el Ejército llegó más bravísimo con nosotros. ‘Donde se mueva lo matamos’, me dijeron. ¿Qué hice yo? Me tiré al suelo”, relata El Pájaro.

Dos días después del operativo del Ejército hablamos con Jhonier, un hermano de Divier, para preguntarle qué había sido de la suerte de los niños, los hijos de Divier y Ana María. Ese día nos contó que estaban al cuidado de los abuelos. Y que Kaleth, tan pequeño que es todavía, no hacía sino preguntar por ella.

*FIN*

El operativo del Ejército manchado con sangre de civiles

Seis preguntas sobre la matanza del Putumayo para el general Eduardo Enrique Zapateiro

Los periodistas de Vorágine, El Espectador y Cambio que fueron a la zona le preguntan al comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel CoronellDCoronell

Hoy

Colombia

Ayer, domingo 10 de abril, me comuniqué con el señor general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Le pedí que aceptara una cordial invitación para estar hoy aquí en La W y hablar sobre la muerte de 11 personas, a manos de militares, en una vereda del Putumayo.

Mi interés en entrevistar al alto mando obedece a la cantidad de evidencias que parecen contradecir la versión oficial sobre estos sangrientos hechos.

Esas evidencias fueron publicadas por seis periodistas de tres medios de comunicación distintos que no se resignaron a transmitir acríticamente la versión oficial, ni a convertirse en voceros de esa versión.

Sobre la operación militar en Putumayo:

• “Había una intención de disfrazar la escena”: periodista Alfredo Molano sobre operativo militar en Putumayo

• “Era una persona muy humilde, se dedicaba al campo”: hermana de fallecido en operación militar en Putumayo

• Exclusiva: la invitación al bazar que habría recibido la comunidad donde ocurrió la operación militar en Putumayo

• Como una “operación Legítima” calificó el MinDefensa los hechos registrados en Putumayo

Ante la cantidad de elementos que era necesario recopilar en el terreno, decidieron dejar a un lado la competencia y juntarse como si fuera un solo equipo, una unidad investigativa, para entregarle a los ciudadanos la información más completa posible.

Los reporteros que optaron por la alianza investigativa, rara vez vista en un oficio tan competido como el nuestro, son: Valentina Parada y Mauricio Alvarado de El Espectador, José Guarnizo y Bibiana Bello de Vorágine, junto con Guillermo Gómez y Alfredo Molano de Cambio.

El trabajo conjunto arroja muchas luces sobre lo que pasó en la vereda el remanso del Putumayo y también deja grandes preguntas que el señor general Zapateiro amablemente declinó responder. Me dijo que las investigaciones le darán la razón al Ejército y que espera presentar muy pronto los resultados de esas investigaciones.

El Ejército ha sostenido que las once personas muertas, entre las cuales hay un menor y una mujer embarazada, eran miembros de las disidencias ‘Comandos de la Frontera’ que enfrentaron a los militares.

Sin embargo, los muertos son once, los heridos cuatro y el Ejército reporta que solamente incautaron seis armas. ¿Quince personas dispararon contra la tropa, pero solo tenían seis armas? Y aquí surge la primera pregunta de los periodistas que estuvieron en el terreno.

• “Mi nombre es Alfredo Molano y soy periodista de la revista Cambio. General Zapateiro, ustedes sostienen que las 11 personas muertas eran de las disidencias de las Farc, pero hasta la Defensoría del Pueblo ha reconocido a varios civiles (un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal y su esposa, una mujer embarazada). Exactamente, ¿qué pruebas tiene el Ejército de que todos integraban el grupo armado?”.

Otro asunto que deja grandes dudas es la independencia de la Fiscalía en la investigación que adelanta sobre estos hechos. Hay videos que muestran abrazos de los fiscales y técnicos judiciales con mandos militares. Los investigadores se mueven en helicópteros militares y de la mano de los eventuales investigados.

Otro video captado por un habitante con un teléfono celular muestra a un agente del CTI, poniéndose un casco militar. Por cierto, ese funcionario se muestra insensible ante el llanto de una madre que le pide ver el cadáver de su hija.

Además, pasaron muchas horas antes de que se reportaran los hechos y se asegurara lo que los forenses llaman “la escena” para que no fuera alterada.

• “Mi nombre es Valentina Parada y soy periodista de El Espectador ¿Por qué si los combates se dieron entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, es solo hasta las 2:20 de la tarde que el CTI reporta conocimiento de los hechos para ir a realizar los actos urgentes en la vereda? ¿Qué hicieron los soldados con los cuerpos durante cerca de cinco horas?”.

Y es que una serie de fotografías del lugar de la matanza muestra cuerpos en un lugar y luego en otro. Primero desarmados y luego con fusiles y prendas militares.

Un experto legista conceptuó, a partir de esa evidencia, que los cadáveres fueron arrastrados probablemente para escenificar un combate.

• “Mi nombre es Bibiana Bello y soy periodista de Vorágine. ¿Por qué miembros del ejército manipularon los cuerpos de las víctimas, algunos de los cuales aparecieron con fusiles y chalecos que antes no tenían?”.

Resulta inexplicable también que el Ejército hubiera decidido iniciar la operación en medio de un bazar, una celebración en el caserío, poniendo en riesgo la vida de civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

• “Mi nombre es José Guarnizo y soy periodista de Vorágine. Mi pregunta para el general Zapateiro es, ¿por qué ejecutar un operativo militar de esta envergadura en el escenario de una fiesta, donde de manera probada se sabía de la presencia de decenas de civiles, entre ellos, niños, mujeres embarazadas, y personas de la tercera edad?”.

Los habitantes aseguran que los militares no permitieron asistir a los heridos y al menos tres de ellos murieron suplicando ayuda. Hay evidencias que sugieren la acción de un francotirador. Es decir, algunas personas perdieron la vida por disparos certeros de un militar parapetado a distancia en una casa y no como consecuencia de un fuego cruzado.

Hay, además, denuncias por pérdidas de elementos y de dinero, esa zona es cocalera y se mueven grandes sumas en efectivo. Un hombre asegura que los soldados se quedaron con 36 millones de pesos de una finca que había vendido.

Según otro testimonio, al dueño del burdel del caserío se le llevaron cinco millones de pesos y ocho cajas de whiskey. También dice que desaparecieron diez millones de pesos que habían recolectado por las actividades del bazar que eran para arreglar una vía.

• “Hola, soy Mauricio Alvarado, reportero gráfico del diario El Espectador, y mi pregunta para el general Zapateiro es sobre que la comunidad asegura que los soldados se llevaron más de $50 millones de pesos del caserío, pero el Ejército reportó haber incautado apenas $9.850.000, ¿dónde está el resto del dinero y por qué no lo reportaron?”.

Una de las preguntas más inquietantes está relacionada con los militares que efectuaron la operación. La comunidad asegura que llegaron sin uniforme, vestían sudaderas verdes y buzos negros, muchos de ellos estaban barbados y gritaban que eran de la guerrilla.

Solo cuando pasó todo y había once muertos en el caserío, se cambiaron para vestir los uniformes del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército de Colombia.

Apenas en ese momento los habitantes se dieron cuenta que los atacantes no eran guerrilleros sino militares.

• “Soy Guillermo Gómez, periodista de la revista Cambio. Mi pregunta es, ¿por qué los primeros soldados que entraron al caserío se disfrazaron y se presentaron como guerrilleros ante la comunidad, negando su calidad de Fuerza Pública? ¿Es cierto que fueron ellos quienes dispararon primero para generar una situación de combate y que de esa manera pudieran legitimar la acción armada?”.

Estas y otras preguntas deben ser respondidas por el señor general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, por el ministro de Defensa, Diego Molano y por el propio presidente Iván Duque.

La versión oficial hace agua y el silencio de las autoridades no ayuda.

Por lo pronto, debo agradecerles a los seis colegas periodistas su trabajo ejemplar.

De eso se trata nuestro oficio:

• Ir más allá de las versiones oficiales.

• Investigar para sacar a la luz lo que alguien quiere mantener oculto.

• Y hacerles preguntas difíciles a los poderosos.

https://www.wradio.com.co/2022/04/11/cultivadores-de-hoja-de-coca-y-amapola-bloquean-la-via-cucuta-tibu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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