Oportunidad para invertir los fondos sociales en nuestras bases

Oportunidad para invertir los fondos sociales en nuestras bases

Por Carlos Rodriguez Molina

Columnista Ecosolidario

Por incomprensión de nuestro modelo o por intereses desconocidos, hasta el año gravable 2016 las organizaciones cooperativas tuvimos la oportunidad de tomar 20% de los excedentes y de manera autónoma invertirlos en educación formal. Foto www.cooperativasolidarios.com/

Pues bien, al parecer el nuevo gobierno está muy interesado en priorizar la educación como fuente a las problemáticas de desigualdad y de pobreza de nuestro País y es allí donde nuestra dirigencia debería voltear la mirada en retrospectiva y ahora que se discute una nueva reforma tributaria, relanzar esta bandera que fue tan exitosa para las empresas de economía solidaria de carácter mutualista.

Para ello debemos retomar cifras y demostrar la bondad de retomar la idea:

 Más de 12 % de la población mundial es cooperativista de alguna de los 3 millones de cooperativas del planeta que generan ingresos de aproximadamente 2,14 billones de dólares, al mismo tiempo que suministran los servicios y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar.

 El cooperativismo colombiano hace presencia en 25 sectores económicos del País

 El cooperativismo en Colombia genera 120 mil empleos directos

 El cooperativismo acumula activos por $53 billones, ingresos por $31 billones y un patrimonio de $19 billones.

 Se estima que en Colombia operan más de 10.000 cooperativas, no obstante, no todas las superintendencias aportan cifras consolidadas que permitan identificar el número preciso de este tipo de empresas, para el caso de las vigiladas por la Supersolidaria al año 2021 las empresas de economía solidaria ascendieron a 3.712 empresas que le reportaron información financiera y social.

Conviene señalar los logros sociales debidos a las cooperativas, algunos de ellos intangibles, como es el caso de la formación para la democracia y la participación, pero otros sumamente palpables y cuantificables, como son los referentes al aumento del empleo asociativo, la producción y comercialización agropecuarias, la financiación de vivienda de interés social, la protección brindada por los seguros, el transporte en las zonas rurales, el crédito popular, la recreación amplia y compartida, la educación en todos los niveles, y un relativo nuevo escenario originado del acuerdo de paz firmado por Colombia en el año 2016, el cooperativismo como parte de la solución al conflicto interno.

Específicamente en el numeral 1.3.3 página 28 del acuerdo final firmado en el año 2016, se disponen lineamientos muy claros en torno a la economía solidaria como un actor principal en el planteamiento de soluciones para el conflicto y se plantean una serie de estímulos a la economía solidaria y cooperativa, para lo cual de manera específica se plantea que el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, acción que hasta la fecha no desarrolló el anterior gobierno.

Hablando de recorderis, por disposición expresa de la Ley 1819 de 2016, las cooperativas pertenecen al Régimen Tributario Especial, es decir, que son contribuyentes y declarantes del impuesto de renta y complementarios con un régimen especial, pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta dicho año (2016), desde ese entonces, no existe la posibilidad de que resulten exentas del pago de dicho impuesto, es decir, están gravadas con impuesto de renta a la tarifa única especial del 20% sobre el beneficio neto o excedente, es decir las cooperativas ya no invierten el 20% del excedente en programas de educación formal, en su lugar, la totalidad de la tarifa (20%) se tributa directamente a la DIAN, impuesto que continua calculándose de acuerdo con la ley y la normatividad cooperativa vigente, de igual manera, por disposición expresa del artículo 19-4 del ET, inciso segundo, el impuesto de renta se toma íntegramente del fondo de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79/88.

En concreto y con fundamento en los argumentos expuestos, la propuesta consiste en que el cooperativismo desde la perspectiva del impuesto de renta requiere que se le conserve su actual clasificación como contribuyente del impuesto de renta del régimen tributario especial, pero, además, que bajo el principio de autonomía se les permita direccionar los recursos del impuesto de renta hacia actividades de educación que es un principio connatural de este modelo económico.

¿Y cómo hacerlo?

Hasta cuando estuvo vigente la Ley 863 de 2003 (hasta diciembre del 2016), durante 13 años las cooperativas transfirieron cerca de 1.2 billones de pesos hacia educación formal, con lo cual más de 50 mil jóvenes colombianos pudieron acceder a la educación superior. En ese mismo lapso, alrededor de 3 millones de niños y niñas en todo el país recibieron los beneficios de esta inversión a través de mejora en infraestructura y dotación, entre otros aspectos (datos suministrados por Confecoop).

Suplementariamente, la Reforma Tributaria de 2016, modificó la manera como se venía haciendo esta inversión desde el cooperativismo y llevó a que, en la práctica en el 2018, las universidades públicas dejaran de recibir cerca de 52 mil millones de pesos provenientes de estos excedentes.

La propuesta concreta es que desde los gremios del sector cooperativo se unan en torno a requerir del actual gobierno el que se incluya dentro del proyecto de reforma tributaria hoy en trámite, y bajo el entendido que las cooperativas están sometidas a un régimen tributario especial, el cual no hace referencia a una modalidad de exención tributaria y mucho menos, a un favor, una dádiva o un auxilio que el Estado deba reconocerle al sector, por lo tanto el propósito no es que se elimine el impuesto de renta porque somos conscientes de la necesidad de sumar al esfuerzo de todos los frentes hacia el desarrollo y la prosperidad social.

En su lugar, para ser consecuentes con este modelo asociativo, permitirles nuevamente a las cooperativas para que administren los recursos del gravamen de renta a la tarifa de 20% pero en lugar de girarlo a la DIAN y se incluya dentro del presupuesto anual de la Nación, a cambio, permitir a las cooperativas para que tomen ese 20% y como lo hacían hasta el año gravable 2016, lo destinen de manera autónoma a la inversión en cupos educativos para las bases sociales, bien sea orientados a educación superior o para adelantar proyectos educativos con las secretarías de educación Departamentales o Municipales.

carlosrodriguezm1@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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