Operaciones de crédito del cooperativismo afectadas por la inseguridad jurídica que genera la SIC

Operaciones de crédito del cooperativismo afectadas por la inseguridad jurídica que genera la SIC

Lamentablemente este es un tema que no va a tener una solución inmediata porque el audaz interés de la SIC de sancionar a entidades cooperativas se verá materializado en mayor medida en los próximos meses.

Hasta tanto la SES no haga un ejercicio como el de expedir por lo menos una circular conjunta con la SIC (como en su momento lo hizo con el Ministerio de trabajo respecto del control de legalidad de las cooperativas de trabajo asociado) en el que se fije claramente el ámbito de las normas y competencias que regulan las operaciones de crédito de las cooperativas.

El llamado es al de otorgar una mayor y mejor atención al asociado con información clara y expresa respecto de los servicios de crédito, desincentivando de esta manera  la posibilidad de acudir a quejarse ante una SIC ávida de protagonismo sancionador.

En un ordenamiento jurídico de derecho positivo

La existencia de normas especiales y específicas que regulan la actividad financiera de las cooperativas y en particular sus servicios de crédito es un presupuesto lógico que no debería ser objeto de dubitación alguna, menos aún la existencia de un órgano administrativo competente para la inspección, control y vigilancia de las entidades que conforman el sector solidario  sus actividades especializadas y su relación con sus asociados y usuarios.

Con las recientes sanciones emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC  respecto de las operaciones de crédito que ejercen las cooperativas, esta simple premisa de un marco regulatorio y sancionatorio claro pasa de ser una situación de común, legal y pacífica aceptación a una coyuntura de completa inseguridad jurídica.

Las normas especiales que no deberían ser objeto controversia alguna (menos por parte de los propios funcionarios públicos)  y que colocan a la actividad financiera del cooperativismo de forma inequívoca  en el sector de Hacienda y Crédito Público (Decreto 1068 de 2015 recientemente adicionado por los Decreto 960, 961 y 962 conocidos por todos) o aquellos cuerpos normativos y actos administrativos que siempre han regulado su naturaleza y actividad (ley 79, 454, CBJ, CBC etcétera)

Los cuales han sido ligera y artificialmente subrogados por normas como el decreto único reglamentario del sector industria comercio y turismo, el estatuto del consumidor, el decreto que fija las funciones de la SIC y hasta su propia circular básica jurídica.

Disposiciones normativas que fundamentan las  audaces sanciones impuestas frente a la prestación de servicios de crédito de las cooperativas y que paradójicamente tienen un elemento en común, que es que cada uno de estos cuerpos normativos cuentan con un artículo especifico que exceptúa su ámbito de aplicación y la competencia sancionadora de la SIC cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad administrativa en particular, función que palmariamente ejerce o debería ejercer la Superintendencia de la Economía Solidaria  (Decreto 186 de 2004 entre otros).

Este gris panorama de inseguridad jurídica causada por las sanciones de la SIC y el silencio absoluto de la SES, coloca a las cooperativas que ejercen actividades de crédito en la muy difícil situación de que más allá de desplegar una diligente conducta de plena sujeción al ordenamiento jurídico especial y expreso que siempre han aplicado (porque hasta circulares y  formatos específicos emanados de la propia Supersolidaria existen al respecto), estén expuestas a un irresistible riesgo legal de sanción por parte de un órgano que en principio no tiene la competencia para hacerlo.

Normas ajenas

En la ambigüedad de las normas artificialmente importadas del sector industria y comercio que  regulan sistemas de financiación de bienes y servicios, se considera por ejemplo que los aportes sociales se suman a los intereses, que los pagaré en blanco con carta de instrucciones son los prohibidos contratos de financiación con espacios en blanco, que  el crédito – habiente tiene la opción de escoger varias ofertas de seguro de vida deudores, entre otros tantos absurdos que se han evidenciado en las resoluciones de sanción de la SIC y que contribuyen a este panorama de absoluta inseguridad y desconocimiento de cuáles son las normas finalmente oponibles a las operaciones de crédito que ejercen las entidades del sector solidario.

Este  escenario cuenta con dos soluciones

1) agotar los recursos que por la vía administrativa ante la SIC, algo inocuo pues esta superintendencia a pesar de las cartas y pronunciamientos jurídicos objetivos de sus recurrentes y de distintos sectores y gremios del cooperativismo va a confirmar su postura sancionadora, (por algo la corte constitucional está empezando a cuestionar esa conducta de primero sancionar y luego preguntar)  

2) una alternativa más expedita y eficiente es que la Supersolidaria de un golpe sobre la mesa y asuma el control y responsabilidad de la vigilancia de las operaciones de crédito y la protección al consumidor financiero asociado a las cooperativas que nunca debió haber perdido, pues es evidente el desborde de competencias e imposición cuerpos normativos que deberían estar subordinados a las normas especiales del cooperativismo.

Lo aquí expuesto no enerva que la SIC cuenta con una competencia residual y/o concurrente en aspectos específicos como protección de datos personales, registro de marcas, publicidad engañosa entre otros tantos, así como que las cooperativas  están exentas de sus deberes de información y publicidad al asociado consumidor  de sus servicios y de los derechos que le son inherentes (más aún en esta época del Decreto 962 que precisamente forma parte del Título 11 del decreto único de Hacienda y Crédito Público)

Finalmente no se trata de hacer una  ligera “importación” de normas o competencias del sector industria, comercio y turismo, sino de cumplir con postulados tan sencillos y claros como por ejemplo los emanados de las disposiciones de la circular básica contable y financiera de la SES en lo que atañe a la información previa al otorgamiento del crédito o hasta los formatos mismos de afiliación que también han sido cuestionados por la SIC en muchas de sus investigaciones donde piden colocar las direcciones de todas las sucursales y agencias de la Cooperativas investigadas.

Sergio Pérez Sarmiento
Abogado especialista en derecho contractual y financiero
Bogotá, 23 de abril de 2019

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