Prontuarios de los procesos revelados por la IAS en mayo y junio 2020 por corrupción oficial y de contratistas, en pago de favores políticos con recursos para la emergencia sanitaria Covid 19

Prontuarios de los procesos revelados por la IAS en mayo y junio 2020 por corrupción oficial y de contratistas, en pago de favores políticos con recursos para la emergencia sanitaria Covid 19

Procuraduría adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 alcaldías por presuntas irregularidades con los recursos para la emergencia sanitaria por Covid-19.

Fiscalía General de la Nación imputará al gobernador suspendido de Chocó, cuatro alcaldes, dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.

Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones.

Edición wiltonrizzo@hotmail.com

Resumen tomado de la Procuraduría, La Fiscalía y la Contraloría – Gráficos, PDF y fotografías.

Bogotá, 17 de junio de 2020. La Procuraduría General de la Nación, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la covid-19, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

En desarrollo del programa ´Transparencia para la Emergencia´, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.

De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío.

Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.

Por los procesos por presuntas irregularidades en alcaldías, permanecen suspendidos el alcalde de Armenia, Quindío; el alcalde y el secretario Administrativo de Calarcá, Quindío; los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico; la alcaldesa de Sucre en Sucre, el alcalde y el secretario General y de Gobierno de Palocabildo, Tolima; y el secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca.

Por regiones, en la Andina se adelantan 337 procesos en 215 municipios, en la Caribe 136 en 95 municipios, en la Pacífica 83 en 57 municipios, en la Orinoquía 20 en 18 municipios y en la Amazonia 17 en 11 municipios.

De los 337 procesos en la Región Andina, 185 municipios de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Antioquia enfrentan el mayor número de procesos, 70, 64 y 52, respectivamente, lo que equivale a un 55%.

En la Región Caribe, de los 8 departamentos que la componen, Sucre, con 30, Córdoba, con 29, y Bolívar, con 20 enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.

En la Región Pacífica, de los 4 departamentos, Nariño con 43, y Valle del Cauca, con 23, concentran el 79% de los expedientes disciplinarios por presuntas irregularidades relacionadas con la pandemia por la covid-19.

En la Orinoquía, de los 20 procesos que se adelantan, 12 corresponden a 11 municipios de Meta y en la Amazonía de los 17 procesos, 15 tienen relación con 9 municipios de Caquetá.

Así mismo, se adelantan 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades, de las cuales 125 se encuentran en indagación preliminar, 12 en investigación y en un caso se formuló pliego de cargos.

En total se adelantan 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado –ESE-, 25 entidades del orden nacional, 18 territoriales, 17 a concejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías, 1 comisaría y la Asamblea Departamental de Arauca.

 

VIGILANCIA A CONTRATACIÓN CON APORTANTES

La Procuraduría atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

Estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por la Covid-19.

El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.

Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.

El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

La PGN conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

La PGN solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio un informe detallado sobre las medidas tomadas para la protección de los derechos del consumidor, ante un supuesto incremento injustificado de precios por parte de algunos establecimientos comerciales, días antes de las jornadas de exención del IVA, previstas para el 19 de junio, 3 y 19 de julio de 2020.

El Ministerio Público requirió al superintendente indicar las acciones adelantadas, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, según el cual las promociones u ofertas deben permanecer válidas “… hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma por los mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente”.

Consideró la PGN que las conductas denunciadas van en abierta contravía del espíritu que motivó la exención para la reactivación de la economía y beneficiar al consumidor final, buscando que los vendedores de los productos disminuyan el precio de venta al público de la tarifa de IVA que les sea aplicable.

PRIMER FALLO COVID-19

En el primer fallo por las irregularidades con los recursos destinados a atender la pandemia del coronavirus, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad especial por cuatro meses al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa ‘Guitarra & Coffee’.

El ente de control estableció que el disciplinado desconoció las normas que regulan la contratación estatal al autorizar el reconocimiento y pago, el 14 de abril de 2020, de 538 almuerzos por valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor, actuando en contravía de la justificación del negocio jurídico que él mismo realizó.

La Procuraduría encontró que el acta de inicio del negocio jurídico para el suministro de alimentos, por valor de $300 millones, fue firmada el 3 de abril de 2020, y que el disciplinado legalizó un hecho cumplido. Así mismo, Acero Osorio no pudo justificar porqué suministró almuerzos a personas que de manera directa no estaban atendiendo a la población vulnerable del municipio de Armenia afectada por la pandemia por el covid-19.

La falta fue calificada de manera definitiva como grave a título de dolo.

Fernando Carrillo, Procurador General

PLIEGO DE CARGOS

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por la valor de $4.463´370.180 pesos.

Los cargos también cobijan a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.

El mandatario deberá responder por qué en el proceso no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas, ni realizado el análisis del costo de transporte y logística, lo que habría generado un mayor valor del contrato y un detrimento en el patrimonio público.

Para el caso de los secretarios se cuestiona su participación en la etapa precontractual del proyecto sin tener en cuenta los valores más favorables y los costos de transporte y logística.

La presunta falta de los investigados fue calificada de gravísima a título de culpa gravísima.

Desde el 15 de mayo, el gobernador de Arauca enfrenta una audiencia de juzgamiento disciplinario por las presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones, suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido  en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19.

Al gobernador se le reprochó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.

CITACIÓN A AUDIENCIAS

Así mismo, citó a juicio disciplinario al alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y la secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, por presuntas irregularidades en el Contrato 01 del 24 de marzo de 2020, que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por un valor de $99´247.900.

Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación Social Creciendo, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado los sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República.

En la audiencia la secretaria de Gobierno deberá responder por haber participado en la etapa precontractual del proceso 01, con presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía al aprobar los estudios previos y la propuesta presentada por la fundación.

Las presuntas faltas de los funcionarios fueron calificadas en esta etapa del procesos como gravísimas a título de culpa gravísima.

ANAPOIMA

La Procuraduría llamó a audiencia disciplinaria al alcalde de Anapoima, Cundinamarca, Hugo Alexander Bermúdez, por presuntas irregularidades en los contratos 140, para el suministro material publicitario para la prevención del coronavirus, y 147 para la provisión de manillas de diferentes colores para la identificar a la población circulante en el municipio durante el tiempo que dure la pandemia de la covid-19, suscritos con la empresa Concepto Creativo S.A.S..

El mandatario deberá responder en la audiencia de juzgamiento disciplinario por su participación en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, al convenir el suministro de servicios de publicidad y otros bienes no requeridos para contener y mitigar los efectos de la covid-19, acciones presumiblemente contrarias a los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia que deben regir la función administrativa.

La presunta falta del alcalde fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

COPACABANA

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y al personero, Mefi Boset Gómez, por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes con destino a la frontera colombo-venezolana, al parecer, sin el cumplimiento de la normatividad, protocolos y procedimientos establecidos.

En este proceso, el órgano de control también investiga a la secretaria de Gobierno del municipio, Jaqueline Zapata Cano.

Se busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la supuesta desatención de los parámetros establecidos en la Directiva N° 017 del 30 de abril de 2020 de la Procuraduría y la Resolución N° 1265 del 28 de mayo de 2020 de la UAE Migración Colombia por parte de los investigados, pudiendo afectar no solo a los migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en el corregimiento de San José del Nus del municipio, sino también a las comunidades de la región.

La medida de suspensión provisional es tomada para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria por parte del alcalde y el personero municipal, cuyas decisiones habrían puesto en riesgo el orden público en Copacabana y otras localidades del país.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

La Procuraduría compulsará copias de la actuación y del acervo probatorio a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo de su competencia.

ACACÍAS

La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés Trujillo; la secretaria de Gobierno, Bertha Amanda Perilla Villamil, y el jefe de la Oficina de Contratación, Óscar Javier Ortiz Arteaga, por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 5.000 mercados por un valor unitario de $225.000 para los damnificados por la covid-19, en un contrato suscrito con Alonso Ladino Daza, por $1.125´000.000.

El Ministerio Público investiga la existencia de eventuales irregularidades relacionadas con el valor del Contrato de Compraventa 207 de 2020, el cumplimiento del objeto contractual y la capacidad del contratista, quien pese a registrar como actividad económica el comercio al por menor de productos agrícolas, víveres y abarrotes, y la titularidad de un establecimiento por valor de $43 millones, celebró el compromiso por más de $1.000 millones.

También se investiga el acta modificatoria 01, que presuntamente sin variar el objeto inicial del contrato para la adquisición de los 5.000 mercados, habría ajustado el valor final a $904´525.000 incluidos el IVA y descuentos de ley.

Entre las pruebas que figuran en el proceso se encuentra la Resolución 100 del Contralor Departamental del Meta, según la cual existiría un presunto sobrecosto equivalente a $466.440.150 sobre el valor inicial del contrato, y de $245.965.150 sobre el valor establecido en el acta modificatoria No. 01 de abril 8 de 2020.

LURUACO

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez Pérez, por presunta transgresión de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la covid-19.

El Ministerio Público investiga la presunta presencia de la mandataria y concejales del municipio en un restaurante, al parecer de la localidad, donde según publicaciones de redes sociales estarían celebrando la aprobación por parte del concejo municipal del Plan de Desarrollo ´Luruaco mejor para todos 2020 – 2023´.

GALAPA

Se abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Atlántico, Marco Tulio Rojas Ayala, por presunta violación de las normas de aislamiento preventivo, uso de tapaboca y respeto del distanciamiento social, establecidas para la contención de la covid-19.

El Ministerio Público busca establecer la presencia del secretario Rojas Ayala en el restaurante ¨La herradura campestre´, hecho que habría quedado registrado en un video publicado por periódico El Heraldo.

SABANALARGA

Se abrió investigación contra el concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz, Sarmiento, por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención del coronavirus.

Al parecer el concejal habría participado en una fiesta, en la que además al parecer se desconoció el toque de queda y la ley seca que regía en el municipio, según un video que fue enviado a la cuenta de twitter de la PGN, en donde las personas que aparecen en las imágenes no usan tapabocas, ni guardan el distanciamiento establecido.

LÉRIDA

Así mismo, se abrió investigación contra  el alcalde de Lérida, Tolima, Marco Antonio Ospina Velandia, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio.

Se investiga si el mandatario la mañana del 19 de abril de 2020 habría desatendido la solicitud de uniformados de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones dentro y fuera del Supermercado Orjuela, que de acuerdo con una de las cajeras del local sería de propiedad de su familia.

De acuerdo con la denuncia hecha por el Comando de Policía Tolima, los hechos presuntamente ocurrieron a la vista de varios ciudadanos, algunos de los cuales habrían desaprobado la actitud del mandatario.

En todos los casos de apertura de investigación disciplinaria, los servidores podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

INDAGACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

La Procuraduría iniciará esta semana la valoración de las pruebas aportadas en la indagación preliminar abierta contra funcionarios por determinar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y la Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG-, a fin de verificar si se adoptaron las medidas administrativas  para  evitar  presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia de la covid-19.

En este proceso se busca establecer los controles y las actuaciones de la Super y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.

Presentación 1Procuraduría

 

 

Francisco Barbosa, Fiscal General

Fiscalía General de la Nación imputará al gobernador suspendido de Chocó, cuatro alcaldes, dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional por presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria

Bogotá

miércoles, 17 de junio de 2020 5:50 pm

Las acciones investigativas y judiciales definidas en la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación arrojan resultados contundentes en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el Covid – 19.

En los últimos 15 días, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3 mil que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’. Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.

Gracias al material probatorio recopilado por los grupos de policía judicial y los equipos de fiscales se solicitarán audiencias de imputación contra cuatro alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen y en atención a los lineamientos de la Directiva 0001 de 2020. Los alcaldes son:

  1. Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro.
  2. Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias.
  3. San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
  4. El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina.

De igual manera, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.

Los elementos obtenidos en las investigaciones también permitirán imputar y pedir algunas medidas de aseguramiento a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas, ellas son:

  1. Secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo.
  2. Representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.
  3. Exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.
  4. Director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes.
  5. Supervisor de contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa.
  6. Jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz.
  7. Contratista de Medellín, Luisa María Zapata Castiblanco.
  8. Exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga.
  9. Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.
  10. Secretario de Educación e Integración Social de Necoclí (Antioquia), Elías Manuel Carmona Ramírez.
  11. Contratista en Necoclí (Antioquia), María Luisa Cuesta Machuca.
  12. Secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa (Antioquia), Daniel Fernando Alcaraz Múnera.
  13. Director Administrativo de Planeación en Barbosa (Antioquia) -supervisor de contrato- Hugo Aldemar Suárez Osorno.
  14. Conductor de la Empresa Social del Estado (ESE) del Perpetuo Socorro en Villavieja (Huila), Jesús Aníbal Camacho Manrique.
  15. Jefe de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey.
  16. Contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez.
  17. Docente y contratista en El Charco (Nariño), Jorge Eliécer Suárez Gamboa.

En los próximos días se tomarán otras decisiones por conductas penales relacionadas con corrupción durante el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista

COMUNICADO DE PRENSA No. 072

 

  • En este y en los demás casos de procesos responsabilidad fiscal abiertos y en curso, se solicita búsqueda de bienes de los implicados.
  • Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.
  • Vinculados a proceso de responsabilidad fiscal  el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y  la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.
  • El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares.
  • La Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500).
  • Acciones fiscales, penales y disciplinarias de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría contra Alcaldes de Sincelejo (Sucre), Malambo (Atlántico) y Girón (Santander).
  • Contraloría y Procuraduría toman decisiones fiscales y disciplinarias contra Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Coveñas (Sucre).
  • “Transparencia para la Emergencia”. Por presuntos sobrecostos en contratación de kits alimentarios: Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por  un total de  $3.885  millones, contra la Gobernadora del Valle del Cauca y los Alcaldes de Medellín, Sincelejo  Malambo, Girón y Coveñas.
  • La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.
  • Abrió además un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.
  • En el caso del Municipio de Malambo (Atlántico), se evidencia un detrimento fiscal de $1.107 millones relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio. Se abre proceso de responsabilidad fiscal, por esta cuantía, contra el Alcalde, Rummenigge Monsalve Álvarez.
  • Allí, en Malambo, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos por contrato, para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea por un valor de $178 millones, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones.
  • La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración para el suministro de 20.000 kits alimentarios.
  • Y en lo que toca con el municipio de Coveñas (Sucre), se abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde, Rafael Antonio Ospina Toscano, en cuantía de $229 millones por presuntos sobrecostos en la celebración de un contrato de suministro de kits de alimentos y de aseo.
  • El Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas  irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kits alimentarios, por un valor total de $95.723.616.000. Se abre de inmediato indagación preliminar.
  • Esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd, fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
  • La CGR abre 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos de Covid-19, que involucran a 12 Gobernaciones, 10 Alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional.
  • En la Gobernación de César se indagan 4 contratos; en las Gobernaciones de Valle, Tolima y Casanare 2. También se llevan 2 indagaciones en la Alcaldía de Tumaco (Ñariño).
  • Las indagaciones preliminares abarcan además a las Gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.
  • También se abrieron indagaciones relacionadas con las Alcaldías de Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Granada (Meta), Susacón (Boyacá), Abejorral (Antioquia), Curamaní (Cesar), Ramiriquí (Boyacá) y Girardot (Cundinamarca).
  • 5 contrataciones de entidades de salud dieron lugar a indagaciones preliminares y tienen que ver con la ESE IMSALUD en Cúcuta (2 casos), el Hospital Universitario San José de Popayán ESE, la ESE Santiago de Tunja y la ESE Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal.
  • Con todas estas indagaciones preliminares se determinará si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • Una de las dos indagaciones preliminares abiertas a la Gobernación del Valle del Cauca tiene que ver con presuntos sobrecostos (de más de $452 millones) en un contrato suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Seccional Valle del Cauca, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento.
  • Indagación preliminar por presuntos sobrecostos en contrato suscrito entre el departamento del Atlántico y Trading Group Int para el Suministro de kits de asistencia humanitaria, en atención a la población vulnerable.
  • También se indagan presuntos sobrecostos en contrato suscrito por la Alcaldía de Barranquilla con Servicios de Alimentación NP SA, para el suministro y entrega de mercados básicos.
  • En el caso de la Alcaldía de Cartagena, se abre indagación por presuntos sobrecostos en suscrito con Ventas Distribución y Marketing Ltda, para el suministro de insumos sanitarios y de protección.
  • Y en Medellín, se indaga por posibles sobrecostos en el contrato suscrito con Tecnididacticos Ind SA, para el suministro de implementos de autocuidado para prevenir el Covid-19.
  • La Gobernación de Putumayo adquirió 10 ambulancias, generando una pérdida de recursos públicos dado que en la actualidad el departamento cuenta con 43 ambulancias básicas y 48 ambulancias medicalizadas, las cuales se encuentran habilitadas y en funcionamiento. El presunto daño patrimonial asciende a $1.730 millones, equivalente al valor del anticipo que entregó al contratista.
  • Se determinó además un presunto sobrecosto, en la adquisición de las ambulancias, que pasa de $113 millones por cada ambulancia, para un sobrecosto total de $1.139 millones.
  • El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare adquirió equipos biomédicos con presuntos sobrecostos del 113% Un desfibrilador, que tiene un valor de referencia en el mercado de $14.300.000, se compró en $47.970.000.851 a $5.
  • La Contraloría le puso también la lupa al manejo de regalías, por motivo de la pandemia, y encontró presuntos sobrecostos en un contrato suscrito entre el alcalde de Buesaco (Nariño) y la empresa Wab Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, y cuya principal actividad comercial es la publicidad.
  • La Contraloría ha realizado 227 alertas preventivas por presuntos sobrecostos en cuantía de $17.200 millones, en contratos Covid por $419.000 millones.
  • Gracias al control preventivo, la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).
  • Las alertas de la CGR han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.
  • Contratación de víveres, artículos de aseo personal y de bioseguridad, en Guaduas (Cundinamarca), y de tapabocas por parte del Municipio de Medellín, dos casos donde la Contraloría advirtió posibles sobrecostos, se liquidaron los contratos y se salvaguardó el recurso público.

 

Bogotá, 21 de mayo de 2020.–  Por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones de pesos contra el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de Urgencia Manifiesta realizadas a raíz del Covid-19.

Al mismo tiempo, el organismo de control anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también por el tema de posibles sobrecostos, en contrataciones por el Covid-19.

Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y algunas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

Proceso fiscal contra Comandante de la Base Naval ARC Bogotá

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones, al encontrar presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS el 7 de abril de 2020, cuyo objeto fue: “Contratar la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19”.

Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. El ajuste se hizo atendiendo lo dispuesto en Decreto Legislativo del Gobierno Nacional No. 551 de 15 de abril de 2020, el cual con ocasión de la pandemia exoneró del impuesto sobre las ventas (IVA) entre otros productos a los tapabocas convencionales, en este caso adquiridos por la Armada Nacional con el fin de contar con los elementos necesarios que propendieran por la seguridad de sus integrantes.

Fue así como, en virtud del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS pactaron la adquisición de 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales (en total 1.322.700).

En su momento, el equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República (DIARI) advirtió que en el mencionado contrato se había evidenciado un presunto sobrecosto del 128%, al pagarse por unidad de tapabocas convencional la suma de $1.785.

Sin embargo, con la modificación que tuvo el valor del contrato, al pasar de $2.361millones a $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.

La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, y Sersugen SAS (Contrato No. 64-2-10007-20), en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de  un presunto sobrecosto del 100%.

Esta comparación se sustentó en que, en ambos casos, el objeto contractual es el mismo y los elementos de protección personal adquiridos son de similares condiciones técnicas. Siendo así, la Armada Nacional los contrató a precios sustancialmente diferentes a los que los compró la Policía Nacional.

Determinación del daño patrimonial

En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para la adquisición de tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional de Colombia, puesto que en el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020 se evidenció que el valor de los tapabocas convencionales por unidad, de acuerdo a lo pagado, ascendió a la suma de $1.500 c/u, con lo cual, la caja por 50 unidades tuvo un valor de $75.000 que multiplicado por 26.454 (cantidad pactada en el contrato), arroja un valor total de $1.984.050.000.

Comparando estos valores con los del contrato celebrado por la Policía Nacional, se encuentra que por cada caja de 50 tapabocas adquirida por la Armada Nacional se evidencia un sobrecosto de $37.500, que al multiplicarse por la cantidad pactada en el contrato (26.454), sumaría $992.025.000, advirtiéndose el sobrecosto de 100%., considerándose así que se ha producido un daño patrimonial por ese valor (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VENTICINCO MIL PESOS).

Ante los hechos descritos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procedió a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal, vinculando al mismo a quienes, en virtud de la gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial, como son:

− Capitán de Navío Jaime Gómez González comandante de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, quien suscribió el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020, donde se evidencia el sobrecosto descrito.

Para la Contraloría, el Capitán Gómez González en su calidad de ordenador del gasto, al momento de celebrar el contrato objeto de investigación debió advertir el desproporcionado valor de los tapabocas convencionales que se iba adquirir por la Armada Nacional.

− Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel, toda vez que en su calidad de Directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, al realizar los estudios previos debió incluir en la cotización del estudio de mercado a empresas como Sersugen SAS, que posteriormente suscribió el contrato con la Policía Nacional, ofreciendo por unidad de tapabocas la suma de $750, cifra ostensiblemente menor a las ofrecidas por las cotizaciones que la capitán Moreno incluyó en los estudios previos y que finalmente establecieron el valor del contrato No 047 de 07 de abril 2020 objeto de cuestionamiento.

− Anderson Gaminera Angulo, como representante legal de Medivalle SF SAS, firma contratista que ofreció los tapabocas objeto de cuestionamiento, toda vez que el precio de venta superaba ampliamente a los tapabocas convencionales ofrecidos por otros proveedores, de acuerdo al análisis efectuado por la Contraloría.

Proceso fiscal contra Gobernadora del Valle del Cauca

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 y vinculó como presuntos responsables fiscales a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

Los hechos declarados como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, están relacionados con el Contrato Interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330.517.483, suscrito por la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Social y Participación y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, cuyo objeto es: “Brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a los adultos mayores de los centros de protección, centro vida y centro día”.

Para el cumplimiento de este contrato, la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, suscribió para la compra de productos el contrato No. 027 del 1 de abril de 2020, por un valor de $1.685.654.400, con la firma El Desvare.Net S.A.S.; y para el servicio de logística, el contrato No. 028 del 1 de abril de 2020, por valor de $313.929.600, con la firma Agrofaro S.A.S.

Según la Contraloría, el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado está representado en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria con el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 de 30 de marzo de 2020 y otrosí 1.230.02.59.2.3313 -1 de 12 de mayo de 2020.

Este mayor valor fue estimado en $311.935.026, sin indexar, que porcentualmente corresponde al 16.12% del valor del contrato interadministrativo, y se determinó al comparar los precios del proveedor Corpovalle.

Vinculación de los presuntos responsables fiscales:

*Clara Luz Roldán González, Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca: por haber efectuado la delegación de la contratación, mediante Decreto No. 1.3.0715 de 25 de marzo de 2020.

*Nataly Toro Pardo, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, quien suscribió el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.333 de 30 marzo de 2020 y el otrosí No. 1.230.02.59.2-3313-1 de 12 de mayo de 2020.

*Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, representada legalmente a través de Adrián Fernando Zamora Duque, en calidad de contratista.

Proceso fiscal contra Alcalde de Medellín

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, su Secretaría Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, la Asesora Jurídica de este Despacho, María Patricia Ariza Velasco, y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez Montoya, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Todo ellos fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

Los hechos, declarados en su momento como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, tienen que ver con el contrato No. 4600085448, por valor de $7.168.848.968.00, suscrito el día 20 de marzo de 2020 entre el Municipio de Medellín- Secretaria de Educación y la Corporación Colombia Avanza.

En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para el suministro de alimentos por parte del Municipio de Medellín, puesto que en el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423 pesos, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de $32.500 pesos por kit alimentario, que multiplicado por 220.578  kits pactados en el contrato, arrojó como valor total del mismo la suma de $7.168.848.968 pesos.

Al constatar los valores de los productos antes mencionados con los consultados con el Grupo Éxito dentro de la fecha estipulada en el contrato, se determinó que en este establecimiento el kit alimenticio tendría un costo de $22.149 pesos, lo que significa qué al multiplicar este valor por la cantidad de kits estipulados en el contrato, arrojaría un valor de $4.885.582.122 pesos, advirtiéndose así un sobrecosto de 19,03%, representados en la suma de $942.750.372 pesos, considerada como daño patrimonial al Estado.

Proceso Fiscal contra Alcalde de Sincelejo, suspendido por el Contralor General

Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez.

La CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.051.748.446 contra este mandatario como consecuencia del daño al patrimonio del Municipio de Sincelejo derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los 26.666 kits que debían ser entregados a población vulnerable a través de los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020.

Estos contratos tenían por objeto entregar kits de alimentos no perecederos a la población vulnerable para contrarrestar los efectos económicos que generó la cuarentena declarada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus Covid-19

Se encontraron sobreprecios en los productos que conforman los kits, que oscilan entre el 28% y 164% (dando un promedio de 52,36%).

Así mismo, en relación con la entrega incompleta de productos, se tiene que no fueron entregadas 66.665 libras de fríjol dejando a 13.333 familias que recibieron los kits sin dicho alimento. Así mismo en 906 kits no se entregó el aceite, así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales: el alcalde del municipio de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; el supervisor del contrato, Leonardo Beltrán Pinto; la gerente de Estrategia Covid-19, María Teresa Vergara Merlano; así como los contratistas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.

Los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 fueron   celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.

Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).

Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar (en cada caso) 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.

Estos contratos se suscribieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.

Proceso Fiscal contra Alcalde de Malambo (Atlántico)

La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, la Fundación Lirio de los Valles, la Supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte, por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597, relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio.

En virtud de este contrato, suscrito por la Alcaldía de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles, por un valor de $4 mil millones, los 80.000 kits de víveres deberían ser distribuidos en dos entregas.

El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos que conforman los mercados y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas.

Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149 pesos.

En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz, se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios piso que para los mercados de Barranquillita y Granabastos identifica el DANE para esas mismas semanas.

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586.595 pesos.

La Contraloría pudo evidenciar que la fundación contratista compró más cantidades de las necesarias para el suministro de los mercados contratados, que parecen estar justificadas en el contrato de suministro que celebró con la Alcaldía, según las facturas y las declaraciones iniciales de la Fundación en la visita especial adelantada por los funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico.

Se encontraron, además, gastos no razonables en transporte de los mercados, lo que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable, con vehículos de poca capacidad, a un promedio de $50 mil pesos cada viaje desde un centro de acopio organizado en el suroccidente de Barranquilla hasta Malambo, que por este sólo concepto implica un detrimento de $22.125.747 de pesos, incluido dentro del total de costos indirectos reprochados fiscalmente.

El detrimento fiscal atribuible a los costos indirectos no razonables en que incurrió la Fundación Lirio de los Valles para ejecutar este contrato asciende a la suma de $126.804.853 pesos.

Adicionalmente, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos cada contrato para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea  por un valor de $178 millones de pesos, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores de productividad y rendimiento evidenciados en la visita fiscal realizada a la Fundación y la verificación de facturas, cuentas de cobro, cantidades entregadas y otra información relevante.

También se reprochan los $36 millones de pesos gastados por la Fundación en almuerzos para estos contratistas, que se presentan como costos indirectos del contrato.

Como se evidenció que los contratos con estas 80 personas son verbales y que la Fundación Lirio de los Valles no habría verificado el pago de los aportes obligatorios a salud y pensiones, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ordenó dar el traslado a la entidad competente para este tema: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Otros traslados

Debido a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del atún entregado en el contrato entre la Alcaldía del municipio de Malambo y la Fundación Lirio de los Valles, la Contraloría solicitó colaboración del INVIMA y de la Fiscalía General.

Por las posibles faltas disciplinarias en que podría haberse incurrido por parte de los servidores públicos de la Alcaldía vinculados al proceso, también se ordenó compulsar copias del expediente a la Procuraduría General.

Así mismo, con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó el traslado de copias de las pruebas recaudadas tanto a la Fiscalía General como a la Procuraduría General, a los despachos que también adelantan investigaciones en el caso de estos mercados de Malambo.

Papel de la Supervisora del contrato y de la Fundación Amira de la Rosa

La supervisora de la ejecución del contrato también suscribió los estudios previos en que se determinaron los precios de referencia a los cuales contratar los productos que conformaban los mercados e igualmente firmó el certificado de idoneidad y experiencia de la fundación seleccionada como contratista

Mientras tanto, La Fundación Amira de la Rosa arrendó el 16 de marzo de 2020 un inmueble en el suroccidente de Barranquilla, que la Fundación Lirio de los Valles le subarrendó para la ejecución del contrato de suministro.

Proceso fiscal contra Alcalde de Girón (Santander)

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración con el señor Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, para el suministro de 20.000 kits alimentarios, por un valor de $1.400.000.000.

El organismo de control consideró que, a pesar de la delegación de las funciones para contratar en un funcionario de su administración, no puede desprenderse de la obligación de supervisión y control respecto del manejo y destinación que se le debe dar a los recursos asignados al municipio.

La CGR vinculó también como responsables fiscales a:

*Luz Mireya Machuca Rangel, en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación del municipio de Girón, quien suscribió el contrato de suministro N° 0088 de 2020, atendiendo a la delegación contenida en el decreto municipal N° 0006 del 14 de enero de 2019.

*Juan Carlos Pinto Lorza, en calidad de Secretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo del municipio de Girón, en virtud de la cual suscribió los estudios previos del contrato MN° 0088 de marzo 25 de 2020. Y, a su vez, también actuó como supervisor del señalado contrato.

*Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, en calidad de contratista en el contrato de suministro N° 0088 de 2020.

En este caso, la Contraloría General estableció un presunto sobrecosto del 32% en el valor de los kits alimentarios que contrató el municipio de Girón con este contratista.

El presunto daño patrimonial al Estado está representado en la pérdida de recursos por $242.800.994,00, originada en la indebida planeación y posterior celebración del contrato de suministro N° 0088 de marzo 25 de 2020, dentro del cual se evidenció el sobrecosto señalado.

Una vez se efectuaron las deducciones legales a las que estaba sujeto el contrato de suministro, así como los costos en que incurrió en pólizas y logística para el empaque, transporte y entrega, como también descontada la utilidad a la cual tenía derecho, el valor que recibió el contratista por cada uno de los kits suministrados ascendió a $55.140,05.

Lo anterior permite señalar que se produjo un presunto detrimento patrimonial ocasionado por el sobrecosto que se generó en el valor de los kits alimentarios, puesto que el costo de adquisición de los productos fue de $43.000, mientras que el valor que recibió el contratista, luego de descontada su utilidad razonable, fue de $55.140,05, generándose así un mayor valor o sobrecosto de $12.140,05 por cada kit alimentario suministrado, que al ser multiplicado por los 20.000 kits comprendidos en el objeto del contrato, arroja un valor de $242.800.994,00, que se configura como daño patrimonial a los recursos del Estado.

Proceso fiscal contra alcalde de Coveñas (Sucre)

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $229.476.753, por presuntos sobrecostos en la celebración del contrato de suministro No. CP-COV-001-2020 del 21 de marzo de 2020, celebrado por el Alcalde Municipal de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano, con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, para el “suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia en marco de la situación de la calamidad pública declarada mediante el decreto 045 del 20 de marzo de 2020.”

El valor del contrato fue de $1.206.000.000, por el término de 7 días, cuyo objeto consistía en el suministro de 6.000 kits de Alimentos como ayuda alimentaria humanitaria de emergencia y 6.000 kits de aseo como ayuda humanitaria no alimentaria de emergencia.

En la Indagación preliminar se determinó que el 25 de marzo de 2020 se firmó un modificatorio al contrato No. CP-COV-001-2020, en el cual el Alcalde Municipal y el contratista pactaron realizar un ajuste y revisión de los precios, en donde ya no se entregarían 6.000 Kits de alimentos y 6.000 de aseo, sino 6.550 de cada uno, por el mismo precio: $1.206.000.000.

En un principio, antes del modificatorio No. 1 al contrato, la Contraloría determinó un daño patrimonial por sobrecostos del kit de alimentos contratados (6.000) en un 21%, determinando un presunto daño por $193 millones de pesos.

Pero abierta la indagación preliminar y practicados los medios de prueba que permitieran establecer los precios del mercado de los productos que conformaban tanto el kit de alimentos como el de aseo (cotizaciones a establecimientos y precios DANE), se pudo determinar un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $229.476.753, por concepto de sobrecostos en la celebración del contrato de suministro No. CP-COV-001-2020 y su modificatorio No. 1.

La cuantía del daño patrimonial se determinó, teniendo en cuanta que el costo directo del contrato debió ser de $788.678.950 y como costos asociados el valor de $187.844.298 (empaquetado, transporte, impuestos entre otros), es decir que el valor total del contrato debió ser de $976.523.248 y no de $1.206.000.000.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal se determinará si existió una posible intermediación en la contratación, lo cual podría ser una de las causas de los presuntos sobrecostos.

Como presuntos responsables fiscales, fueron vinculados:

*Rafael Antonio Ospina Toscano, en su calidad de Alcalde Municipal de Coveñas

*Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, contratista.

*Fabio Enrique Maestre Machado, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, en su calidad de interventor y/o supervisor.

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

El Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de Impacto Nacional y remitió a la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción los hechos que tratan sobre presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con 35 proveedores, por valor total de $95.723.616.000, para la entrega en 30 departamentos del país de 769.677 kits de alimentos de Asistencia Humanitaria de Emergencia AHE a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria Covid-19, conforme a la declaratoria de calamidad pública que realizó el Gobierno Nacional.

Ya se abrió indagación preliminar por estos hechos.

Carlos Felipe Córdoba, Contralor General

 

RELACIÓN DE INDAGACIONES PRELIMINARES ABIERTAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS DE LA CGR:

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato No. 2020-09-08 del 26/03/2020, por valor de $405.120.000, suscrito con Fudsocial para adquisición de 3200 kits de mercados, para la atención de población vulnerable.

El ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de Colombia Compra Eficiente, determinó un presunto sobrecosto del 28%, es decir la suma de $111.852.160, tomando los 9 productos que conformaron el kit a entregar.

La Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal abrió a indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0013 del 26/03/2020, por valor de $329.156.828, suscrito con Servicios Integrales del Caribe Colombiano, para la adquisición de 2.600 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

De acuerdo con el reporte RUES del contratista, su actividad económica NO está relacionada con la compraventa de elementos de abastecimiento alimenticio para lo cual fue contratado. Su objeto social se encuentra asociado con:

*Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

*Actividades de consultoría de gestión

*Actividades de apoyo a la agricultura

*Y actividades de apoyo a la ganadería

De otra parte, el Registro Único de Proponentes (RUP) se encuentra sin renovar y cancelado desde el 08/04/2017.

En este caso, la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, se encuentra en recolección de pruebas en atención a la indagación preliminar.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020, por valor de $367.140.000, suscrito con la Fundación Visión Caribe, para la adquisición de 2.900 kits mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Si se toma el valor total de los 2.900 kit del contrato; se presenta diferencia entre el valor del contrato ($367.140.000) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente ($ 268.090.790), con un presunto sobrecosto de $99.049.790, correspondiente a 37%.

La canasta de bienes del kit es de 13 productos, de los cuales 7 registran presuntos sobrecostos superiores al 40% con referencia a los precios de Colombia Compra Eficiente, y uno supera el 100%.

En atención a este hallazgo, en la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 3, se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar abierta.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0012 del 26/Marzo/2020, por valor de $303.840.000, suscrito con Granero La Delicia de la Paz, para adquisición de 2400 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto a los precios de referencia DANE, el sobrecosto asciende en valores absolutos a $40.188.000 (un 15%).

En relación con los precios de referencia Colombia Compra Eficiente, el sobrecosto en valores absoluto asciende a $54.640.800 (21%).

La Dirección de Investigaciones 1 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, se encuentra en recolección de pruebas ordenadas en la indagación preliminar.

Gobernación del Tolima

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 28% en el contrato No. 0494 del 26 de marzo de 2020, por valor de $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda, que tiene por objeto el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense, con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19.

El valor del componente de mercado de cada kit, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a $69.798, y el valor del componente de aseo de cada kit a $30.202, para un total de $100.000 por cada kit, que, multiplicado por los 55.000 kits adquiridos, arroja el valor total del contrato objeto de cuestionamiento de $5.500.000.000.

Lo anterior contrasta con la verificación hecha del costo de cada elemento de los kits. Tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $4.309.321.500.  Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.500.000.000), se aprecia una diferencia de $1.190.678.500, lo cual supone un sobrecosto del 28% en el valor del contrato.

Gobernación del Tolima

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 31% en el contrato de suministro No. 0531 del 01 de abril de 2020, por valor de $5.000 millones celebrado entre la Gobernación del Tolima y el señor César Augusto Trilleras Castro, como representante legal de Enred Group SAS, cuyo objeto fue “contratar el suministro de 50.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19”.

Al analizar la información contractual del contrato objeto de cuestionamiento, se evidencia ausencia de información sobre la entrega efectiva de los kits, así como de los beneficiarios de los mismos.

En primer lugar, el valor del componente denominado kit alimenticio, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a la suma de $77.189,64, y el valor del componente de aseo a $22.557,64, para un total de $99.747,28, que, multiplicado por los 50.000 kits adquiridos, arrojó el valor de $4.987.364.000, monto que difiere a la señalada en el contrato objeto de estudio, que fue de $5.000.000.000.

Adicionalmente, al contrastar los costos de cada elemento de los kits, tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $3,802.406.667.  Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.000.000.000), se tiene una diferencia de $1.197.593.333, lo cual supone un sobrecosto del 31% en el valor del contrato.

Gobernación de Casanare

Presunto sobrecosto (del 29%) en el contrato 20-12-10640477-9755938 del 25/03/2020, suscrito con Las Electromedicinas, para adquisición de camas hospitalarias y camillas de transporte y recuperación, para el fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud, por valor de $372.500.000.

De conformidad con el análisis establecido entre los precios de mercado y los valores del contrato, se establece un presunto sobrecosto del 29%.

Con ocasión de este hallazgo, la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Casanare abrió la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Casanare

La CGR abrió indagación preliminar por los presuntos sobrecostos presentados en el contrato 008 de 2020, suscrito entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare y Aginsa Ingeniería Ltda, por un valor de $1.124.089.564, cuyo objeto era realizar la adquisición de equipos biomédicos destinados al fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud, en el marco del plan de acción y respuesta ante la pandemia por Covid-19.

La irregularidad que da lugar a esta indagación hace referencia a presuntos sobrecostos del 113% respecto del valor de los equipos biomédicos contratados, que incluían ventilador mecánico, equipo de gases arteriales y desfibrilador.

Se busca determinar si estos presuntos sobrecostos derivaron de una mala planeación en la etapa precontractual, que permitieran evidenciar debilidad en la confección de los estudios previos.

El organismo de control fiscal solicitó a la Gobernación de Casanare, información del contrato indagado y es así como deberá remitir, entre otros, copia de los estudios de precios de mercado que debió elaborar en la etapa precontractual.

Gobernación del Valle del Cauca

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato 1.340-59.93340 suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Seccional Valle del Cauca, por valor de 1.351.294.440, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento del Valle del Cauca afectada por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.

La apertura de esta indagación preliminar está sustentada en las siguientes razones:

*En la descripción de la necesidad no se detalla los alimentos que componen el bono con el objeto de entrar a determinar el precio y la cantidad.

*En el estudio de necesidades expresa que el plazo de ejecución son 10 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, mientras que en la cláusula séptima del contrato el plazo de ejecución es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020 y por otro lado en el Parágrafo dice que la vigencia de cada bono será hasta el 31 de julio de 2020. Como se evidencia, no se sabe cuál es el plazo de ejecución verdadero.

*En la cláusula segunda expresa que adquieren 15.000 bonos por $75.000 pesos cada uno. Es decir, los costos de los bonos serían $1.125.000.000. Sin embargo, en la cláusula quinta expresa “El valor del presente contrato es por $1.351.294.440, con lo cual se presentaría un sobrecosto en valores absolutos de $226.294.440, que corresponde al 20.1%

*Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca realiza el otrosí No 3440-1, sin fecha por $1.351.294.440 con CDP No 3500006685 del 28 de marzo de 2020, para la compra de 15000 bonos de alimentos de primera necesidad por $75.000 cada uno más los gastos financieros y de operación propios del contrato. De igual manera como ocurrió con el primer contrato, la adición presentaría un sobrecosto también de $226.294.440, para un total de sobrecosto de $452.588.880. Es decir, los $226.294.440 del primer contrato más los $226.294.440 del otrosí.

Gobernación del Valle del Cauca

Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020, por valor de $4.448.700.000, suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de $590.358.333 (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman $77.167, incluidos los costos indirectos y no $88.974.

En la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 1, se abrió la indagación preliminar que se encuentra en etapa de pruebas.

Gobernación del Atlántico

Presuntos sobrecostos en el Contrato 202000948 suscrito entre el departamento del Atlántico y Trading Group Int, para el suministro de kits de asistencia humanitaria, con el objeto de atender la población vulnerable dentro de la contingencia del virus Covid-19, en el marco del decreto por medio de la cual se declaró la urgencia manifiesta en el Departamento.

Los hechos generadores de daño patrimonial, en este caso, consisten en los presuntos sobrecostos de los valores de los kits de asistencia humanitaria derivados del contrato de suministro mencionado y en posibles irregularidades en la entrega completa de los kits.

Gobernación de Putumayo

Presunto sobrecosto y otras irregularidades en el contrato 547 del 1 de abril de 2020 suscrito entre el departamento del Putumayo y Carrocerías Innova S.A.S., por valor de $3.460 millones, para la compraventa de diez ambulancias medicalizadas (TAM) en el marco de la calamidad pública declarada mediante decreto No. 0111 del 13 de marzo de 2020.

La Contraloría encontró que la adquisición de estas 10 ambulancias constituyó una pérdida de recursos públicos, en la medida en que en la actualidad el Departamento de Putumayo cuenta con 43 ambulancias básicas y 48 ambulancias medicalizadas, las cuales se encuentran habilitadas y en funcionamiento, cantidad más que suficiente para la red de salud departamental, que solo cuenta con 10 empresas sociales del estado de nivel I y II de atención.

Por consiguiente, al haberse efectuado un desembolso del 50% del valor total del contrato a título de anticipo, correspondiente a $1.730.317.305, la Contraloría determinó que, en este caso, se configura un daño patrimonial al Estado en este caso, por esta cuantía.

Se determinó, además, la existencia de un presunto sobrecosto en la adquisición de las ambulancias efectuada por el ente territorial. Del análisis efectuado a partir de las cotizaciones allegadas por tres empresas (Amdecol S.A.S., Alfa Ambulancias y Procamillas S.A.S.), dos de ellas con más de 20 años de experiencia en el sector, se concluyó que el valor del presunto sobrecosto asciende a $113.949.698, por cada ambulancia, para un sobrecosto total de $1.139.496.980.

Como si esto fuera poco, de conformidad con la oferta presentada por la sociedad Carrocerías Innova S.A.S, el mismo contratista señaló que la entrega de los ventiladores con los que se dotarían las ambulancias, estaría sujeto a disponibilidad, lo que genera un riesgo de oportunidad, sumado a la situación actual de escasez de equipos importados con ocasión de la pandemia, por lo que la entrega de las ambulancias totalmente equipadas estaría en riesgo, que de concretarse, generaría un daño patrimonial al Estado por el valor del anticipo pagado ($1.730.317.305).

Gobernación de Sucre

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 19,7% en el contrato de suministro No. 004-2020 de fecha 4 de abril de 2020, por $2.579 millones, suscrito entre el Departamento de Sucre y Suministros y Negocios de la Sabana SAS, para el suministro de 17.347 paquetes nutricionales y de aseo para la población vulnerable, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 en el Departamento.

De conformidad con lo establecido por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI), los sobrecostos ascienden a $348.616.877, recursos con los que se pueden adquirir 3.363 Kits adicionales a precios de Colombia Compra Eficiente.

El valor del contrato pasó de $2.579 millones a $2.117.673.064 millones, dado que se modificaron algunos de los precios del contrato, por la dificultad de conseguir ciertos productos.

Pero al realizar los cambios del modificatorio al contrato, se observa que igualmente los precios cambiaron, la mayoría bajó, pero la lenteja subió de $4.900 a $5.600, el aceite pasó de $4.900 a $4.950 y la crema dental de $2.100 a $2.200, no entendiéndose la causa del reajuste de precios, el cual presentó una diferencia de $462.562.517, suma descontada del valor total del contrato.

Pese a lo anterior, al comparar los precios de los productos con los de Colombia Compra Eficiente, la Contraloría observa la existencia de sobrecostos por valor de $348.616.87, presumiendo un daño al patrimonio del Estado en esta cuantía.

Gobernación del Vichada

Presunto sobrecosto en el contrato 366 de 2020 del 03/04/2020, suscrito con Jorge Eliecer Forero Gaitán, para adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, en el marco de la pandemia Covid-19 en el Departamento del Vichada, por valor de $148.399.284.

Validado el costo de los productos teniendo como referente Colombia Compra Eficiente, grandes superficies y DANE, se observa un presunto sobrecosto del 14.45%, el cual asciende a $ 216.728.149.

En atención a este asunto, la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en  Vichada está adelantado la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Nariño

Presunto sobrecosto en el contrato GN1307-2020 del 31/03/2020 suscrito con Segundo Yovanny Izquierdo Estrella, para compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el Covid-19, por valor de $5.931.805.375.

El contrato registra 15 referencias de productos y equipos, de las cuales en 10 se evidenció un presunto sobrecosto de los precios en relación con la referencia del mercado.

Las 10 referencias analizadas y adquiridas por el ente territorial en $1.046.140.947, tienen un presunto sobrecosto del 45%, dado que su valor en el mercado, según cotizaciones, es de $722.849.486 (es decir, $323.291.461 menos).

La Dirección de Investigaciones 2 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, se encuentra en recolección de pruebas con ocasión de la indagación preliminar.

Gobernación de Norte de Santander

Presunto sobrecosto en el contrato 570 de 2020 suscrito por la Gobernación de Norte de Santander con Servialimentos y Proveedores del Norte S.A.S., para el suministro de kits alimentarios a la población vulnerable, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en razón a la pandemia ocasionada por el Covid-19, por un valor de $1.199.880.000.

Realizando la comparación de los valores de este contrato con los precios del estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente y el DANE, se concluye que en la adquisición de 20.000 unidades de kits de mercados por valor de ($1.199.880.000) se encuentra un sobrecosto del 10,9% ($117,814.050) respecto al estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente y del 19,4% ($194.907.150) frente al estudio de mercado realizado por el DANE.

Para este caso, en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Norte de Santander se abrió indagación preliminar y se está en recolección de pruebas.

Gobernación del Magdalena

Presuntos sobrecostos en el contrato No. CD 0212-2020, por valor de $4.210.803.000, suscrito entre el Departamento de Magdalena y Éxito, cuyo objeto es la adquisición de productos que conformen mercados solidarios para atención de la población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por coronavirus (Covid-19), bajo el sistema de monto agotable, por un valor de $4.210.803.000.

La Contraloría analiza el contrato suscrito, para verificar qué clase de mercados se debían entregar y con qué insumos.

Igualmente, hará una cotización en algunos otros establecimientos de comercio del Departamento, a fin de verificar los posibles sobrecostos.

En atención a este hallazgo, en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Magdalena se abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Guainía

Se abre indagación preliminar por presunto sobrecosto del 14.11% en el contrato 460 de 2020 del 7 de abril de 2020, suscrito por el departamento de Guainía con Sandra Patricia Gaviria Hurtado, por valor de $924.597.230 – IVA incluido-, cuyo objeto es la compraventa de víveres para entregar en ayuda humanitaria a la población más vulnerable del departamento.

Alcaldía de Barranquilla

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato UMA-001-2020 del 24 de marzo de 2020 suscrito con Servicios de Alimentación NP SA por valor de $18.652.231.360 para el suministro y entrega de mercados básicos para mitigar los efectos socio económicos en la población vulnerable en razón de la proliferación del virus Covid-19, de conformidad con la urgencia manifiesta adoptada a través del Decreto Distrital N° 03682020.

En este caso, la Contraloría determinó presuntas irregularidades con connotación fiscal, en la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico), que corresponden a los costos de bienes fijados y pagados con valores que exceden sin justificación los precios reales de mercado y el precio total pactado por cada ítem.

De acuerdo al análisis del contrato y al otrosí celebrado entre las partes, se evidencia que se presentan diferencias entre los valores contratados con Servicios de Alimentación NP S.A.S y los precios de referencia del mercado, según estudio realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR.

Existe una clara diferencia entre el valor del mercado entregado por el contratista, que equivale a la suma de $38.979, y la suma del valor promedio del mismo kit en los listados del DANE que sirven como referencia para el mercado y cuyo valor asciende a la suma de $30.159, ello sin tener en cuenta los 386.000 mercados que se deben suministrar, los cuales constituyen un número considerable para poder obtener valores de economía de escala.

Alcaldía de Cartagena Distrito Turístico

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 7 del 08 de abril de 2020 suscrito con Ventas Distribución y Marketing LTDA, por valor de $1.215.500.000, para el suministro de insumos sanitarios y de protección (mascarillas, jabón líquido, gel antiséptico y termómetros infrarrojos), como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el Covid-19 en el distrito de Cartagena.

La Contraloría encontró diferencias entre los valores contratados con la firma Ventas Distribución y Marketing Ltda. y los precios de referencia del mercado, como grandes superficies, cotizaciones en sector salud y la página de internet mercado libre. Así, por ejemplo, el contratista cobraba $520.000 por cada termómetro, cuando el precio de referencia de este elemento se determinó en $295.433.

Alcaldía de Medellín

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato de suministro número 4600085501 del 3 de abril de 2020 celebrado entre el Municipio de Medellín –  Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-  y Tecnididacticos Ind SAS, toda vez que al comparar los precios de los implementos de autocuidado adquiridos (tapabocas), contra dos registros de ventas del mismo producto (la plataforma electrónica de venta Mercado Libre y la droguería Farmalisto), se encuentra que los valores pactados contractualmente estarían un 26 % por encima de estos.

Alcaldía de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 014-2020 del 25/03/2020 suscrito con la Asociación Mujer y Género, por valor de $535.120.000, para adquisición de paquetes alimenticios con destino a población vulnerable y adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona urbana del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de la enfermedad por coronavirus (Covid-19).

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Nariño se adelanta la indagación preliminar, la cual está en etapa probatoria.

Alcaldía de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 015-2020 del 25/03/2020, por valor de $500.000.000, suscrito con la Fundación Compartir, para adquisición de paquetes alimenticios a entregar a población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19).

La indagación preliminar se encuentra en etapa probatoria en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Nariño.

Alcaldía de Barrancabermeja (Santander)

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos de aproximadamente 37,55% en el contrato de suministro No. 0437-20 del 2 de abril de 2020, por un valor de $1.259 millones, celebrado entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (Santander) y la sociedad Disansi S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 10.000 kits alimentarios para la población vulnerable identificada para la atención a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en el Distrito de Barrancabermeja.

Al comparar los precios establecidos en el contrato cuestionado, tanto los iniciales como los reajustados, con los precios estimados por Colombia Compra Eficiente -a través del Catálogo Grandes Superficies CCE- para los mismos elementos que componen el kit alimentario contratado, se observa un presunto sobrecosto por kit alimentario del 37,55% (en el valor inicial) y de 13,45% (en el valor reajustado), respectivamente.

Alcaldía de Puerto Carreño (Vichada)

Presunto sobrecosto del 15% ($148.399.284) en Contrato 121 de 2020 del 27/03/2020, por valor de $148.399.284, suscrito con Multiservicios JYN SAS, para compraventa de kits alimenticios (mercados) de asistencia nutricional para la población vulnerable del casco urbano y zona rural del municipio de Puerto Carreño afectada por la emergencia sanitaria.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Vichada abrió la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Alcaldía de Granada (Meta)

Presunto sobrecosto en el contrato 210.29.07 03 del 30/03/2020, por valor de $791.395.500, suscrito con la Corporación Vida de Colombia, para adquisición y suministro de víveres secos no perecederos con destino a la población vulnerable, para ser entregados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional para superar la emergencia del COVID-19 en el municipio.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Meta abrió la indagación preliminar, que está en etapa probatoria.

Alcaldía de Montería (Córdoba)

Presuntos sobrecostos en el contrato 354 de 2020 del 31/03/2020, por valor de $1.000.000.000, suscrito con Óscar Darío Giraldo Franco, para adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria Covid-19.

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Córdoba se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar.

Alcaldía de Susacón (Boyacá)

Presunto sobrecosto en el contrato MSB-CD-24-2020 del 24/03/2020, por valor de $58.803.500, suscrito con Comercializadora Tecnology Live, para suministro de mercados para la población vulnerable en el marco de la declaratoria de calamidad pública y de emergencia por Covid-19 en el municipio de Susacón (Boyacá).

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Boyacá se encuentra en recolección de pruebas en atención a la indagación preliminar 2020-502.

Alcaldía de Abejorral (Antioquia)

Contrato 20-12-10638986-9754880 del 31/03/2020, por valor de $267.795.977, suscrito con Mónica Baena Botero para suministro de víveres apersonas en situación de vulnerabilidad, elementos de aseo y bioseguridad para contener y prevenir los efectos generados por la pandemia mundial coronavirus Covid-19 en el Municipio de Abejorral.

En atención a este caso, se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar ANT_IP-046-2020, de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Alcaldía de Curumaní (Cesar)

Posible sobrecosto en el contrato No. 93-2020 del 30/Marzo/2020, por valor de $252.000.000, suscrito con Sindry Milena Peña López para el suministro de 2000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables y de pobreza extrema que afrontan la actual situación de emergencia sanitaria ocasionada por la medida preventiva de aislamiento usada como estrategia de contención ante la situación epidemiológica causada por el Covid-19 en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Cesar se encuentra en etapa probatoria esta indagación preliminar.

Alcaldía de Ramiriquí (Boyacá)

Posible sobrecosto en el contrato C-MR-CD-035- 2020 del 08/Abril/2020, por valor de $355.020.400, suscrito con Diana Alejandra Gómez González, para adquisición de bienes y servicios a fin de proveer a la entidad de artículos y elementos básicos (víveres y provisiones) con el fin de brindar un kit alimentario a 2.000 familias en extrema pobreza y vulnerabilidad del municipio de Ramiriquí  (Boyacá).

Para atender este caso, la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá abrió Indagación Preliminar, que se encuentra en recolección de material probatorio.

Alcaldía de Floridablanca (Santander)

Presunto sobrecosto del 32.38% en el Contrato 0391 del 02/04/2020 y Adiciones 1 y 2, suscrito con Ledys Herrera Villamizar (Senalicas) para el suministro de alimentos de primera necesidad (mercados) dirigidos a la población vulnerable del municipio de Floridablanca (20.000), con un valor inicial de $630.320.000 y valor final de $2.190.592.272

En la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR se adelanta la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Alcaldía de Girardot (Cundinamarca)

Presunto sobrecosto en el Contrato U-M 509-2020, por un valor de $1.013.070.000, suscrito por el Municipio de Girardot con Intersum Soluciones para Empresas e Instituciones, representada legalmente por Orlando González Ortiz, para el suministro de mercados de apoyo nutricional con destino a la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, por un valor de $1.013.070.000.

Se evidencia inconsistencia entre el valor de costos unitarios de los productos adquiridos y un estudio de mercado adelantado con grandes superficies, por lo que se indica un posible sobrecosto.

En la Dirección de Investigaciones 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, se abrió indagación preliminar y se avanza en la recolección y análisis de material probatorio.

Armada Nacional Base Naval No. 6 ARC

Presunto sobrecosto en el Contrato de Suministro 0050-ARC-CBN6-2020 suscrito con Amsam SAS para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional: 15.038 cajas por 100 unidades de guantes de nitrilo en tallas L y M ($44.575 c/u incluido IVA) y 351 unidades de gafas de protección ($7.117 c/u incluido IVA), con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19, por valor total de $672.817.053.

La entidad optó por contratar de forma directa a la sociedad Amsam, no obstante haber recibido cotización de inferior valor. A su vez, en los elementos adquiridos y mediante verificación realizada en el mercado, se estima un sobrecosto que oscila entre el 19% y el 50%, es decir, entre $128.950.850 y $333.467.650.

La Contraloría Delegada Intersectorial 1 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

ESE IMSALUD (Norte de Santander)

Presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097 del 30 de marzo de 2020, por valor de $397.024.250, suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor para compra de material médico quirúrgico (Almacén) para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD.

La Contraloría identificó 7 ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000.

Con este hallazgo, la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

ESE IMSALUD (Norte de Santander)

Presunto sobrecosto en el contrato 076 de 2020 suscrito con Distrimedicas Santander, que tiene como Representante Legal a Miguel Martínez Salazar, para la compra de bolsas para embalaje de cadáver en polietileno, material impermeable antifluido color negro, para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD, por un valor de $33.320.000.

Verificado el SECOP I y II, al igual que la información suministrada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, no se evidencia soporte de la ficha técnica, análisis de capacidad financiera ni experiencia especifica del contratista o de sector, factores determinantes para establecer el valor final del contrato en estudio previo y de necesidad.

No se evidencian ni se allegaron soportes de invitaciones u otras cotizaciones. Hay inconsistencia entre el valor del contrato y la relación de costos unitarios de los productos adquiridos, que pudieron tasarse mediante estudio de mercado,

Generando así presunto sobrecosto en el contrato.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Norte de Santander se encuentra en recolección de material probatorio con ocasión de la indagación preliminar.

Hospital Universitario San José de Popayán ESE 

Presunto sobrecosto del 29% ($181.789.989) en el contrato 0151 del 31/03/2020, por valor de $808.586.588, suscrito con Carlos Andrés Salinas Giraldo, en calidad de representante legal de Electro Médica Equipo Médicos S.A.S., para la compra de monitores de signos vitales, camas hospitalarias y camas para la Unidad de Cuidados Intensivos, para dotar las áreas en el marco del plan de atención de Covid-19 en el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Consultada la información que reposa en Secop I y II y Colombia Compra Eficiente, figura como estudios previos un documento denominado Aseguramiento de la calidad, donde informan que hay un espacio que no está en uso y lo habilitan para atender el Covid-19, y mencionan un número de elementos que se necesitan para poderlo poner en funcionamiento.

No se encuentra la oferta del contratista al que se le asignó el contrato, no se evidencian las cotizaciones, de igual forma las pólizas y el acta de iniciación del Contrato 0151 del 31/03/2020.

En la información reportada por la DIARI, el mencionado contrato presenta un sobrecosto del 29% ($181.789.989).

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Cauca adelanta la etapa probatoria con ocasión de la indagación preliminar que se abrió.

ESE Santiago de Tunja (Boyacá)

Se determinó posible sobrecosto en el Contrato No. 088 de 2020, por valor de $1.269.314.371, suscrito con la Sociedad por Acciones Simplificada Laboremos SAS para contratar el envío de los trabajadores en misión que requiera la Empresa Social del Estado, para la ejecución de las acciones y actividades derivadas del Plan de Acción de Mitigación y Atención a pacientes diagnosticados con el Covid-19.

Se adelanta indagación preliminar en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR Boyacá, la cual se encuentra en etapa de pruebas.

ESE Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal

La CGR abrió indagación preliminar por los presuntos sobrecostos presentados en el contrato de suministro número 039 del 3 de abril de 2020, por valor de $1.477.072.275, suscrito entre el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.y la firma Región Plus S.A.S., cuyo objeto consistió en el suministro de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para fortalecer tecnológicamente los servicios asistenciales ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

La irregularidad que da lugar a dicha indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 67% respecto del valor de los equipos biomédicos contratados (ventilador, electrocardiógrafo de 12 canales, desfibrilador y camilla de transporte y recuperación, entre otros).

Por este motivo, la Contraloría General de la República indagará si estos presuntos sobrecostos derivaron de una mala planeación en la etapa precontractual, que permitieran evidenciar debilidad en la confección de los estudios previos.

SOBRECOSTOS EN CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS DE REGALÍAS:

En cuanto al manejo de los recursos de regalías dispuestos para la atención de la emergencia por el Covid-19, la Unidad de Regalías de la CGR puso su lupa, por presuntos sobrecostos, a un contrato de urgencia manifiesta, por valor de $141 millones, suscrito entre el alcalde de Buesaco (Nariño) y la empresa Wab Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, cuyo objeto es suministrar 2661 paquetes alimentarios a familias de escasos recursos de este municipio.

Según el certificado de la Cámara de Comercio de Pasto, esta empresa fue creada en febrero de 2019 y tiene como actividad principal la publicidad. Y como actividad secundaria, el comercio al por mayor de productos alimenticios. Se dedica, además, a actividades: el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales y de comedor; y el comercio al por mayor no especializado.

El controlante de Wab Ingeniería SAS es el señor Willian Antonio Barco Bravo, dedicado a varias actividades económicas: instalaciones eléctricas, construcción de proyectos de servicio público y transporte de carga por carretera.

La Contraloría revisó la minuta contratada, comparándola con precios del DANE, y detectó un presunto sobrecosto.

Así, por ejemplo, en la minuta la libra de frijol cargamento tiene un valor de $3.850 y el precio de referencia del DANE es $3.475, lo que señala una diferencia de $375.

El kilo de arroz blanco tiene un precio de $3.950 y el precio de referencia es $3.880 (una diferencia de $70).

Hasta este 15 de mayo, se han aprobado 100 proyectos de regalías por tema de Covid-19, en una cuantía total de $115.724 millones, de los cuales se han contratado 12 por $9.500 millones (uno de ellos, el de la Alcaldía del municipio de Buesaco, Nariño).

BENEFICIOS DEL CONTROL PREVENTIVO Y CASOS DONDE SE SALVAGUARDÓ EL RECURSO PÚBLICO

De un universo de contratos por $18,7 billones celebrados durante 2020, la CGR ha revisado todos los que tienen que ver con la atención del Covid-19, por $3,1 billones.

De ellos, contratos por $2,1 billones se relacionan con compras de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos y otros, por $1 billón, tienen que ver con prestación de servicios.

La Contraloría ha evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por $419.000 millones y ha generado 227 alertas.

El monto inicial de los presuntos sobrecostos llegaba a $17.200 millones y después de la generación de estas alertas se redujeron a $6.300 millones.

Los contratos objeto de renegociación tenían un monto inicial de $57.000 millones y después de ella su valor total se redujo a $46.000 millones.

Gracias al control preventivo, hasta el 18 de mayo la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).

Estas alertas han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.

Los casos de Guaduas y Medellín.

Con ocasión de las acciones de vigilancia y control adelantadas por la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, frente a la contratación pública dispuesta para el manejo de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio trámite a dos indagaciones preliminares en virtud de las presuntas irregularidades por parte del Municipio de Guaduas (Cundinamarca) en la contratación de víveres, artículos de aseo personal y de bioseguridad para la población vulnerable del área urbana, rural, y el Hogar de paso para adultos mayores de esta población, en cuantía total que asciende a los $550.000.000.

Tras comunicarse el inicio de la citada actuación de control a las autoridades municipales, en la que se advirtió la concurrencia de presuntas deficiencias relativas a la planeación contractual, idoneidad del contratista y sobrecostos en los precios contratados, la administración municipal procedió a hacer una nueva revisión de las condiciones del contrato, y al confirmar que estas efectivamente eran desfavorables a los intereses del ente territorial, y decidió de mutuo acuerdo con el contratista -quien manifestó la imposibilidad de ejecutarlo- darlo por  terminado anticipadamente y liquidarlo, sin que se hubiere pagado un solo peso por el mismo.

Similar situación se presentó en el Municipio de Medellín, donde a partir de las presuntas irregularidades en que incurrió el ente territorial para la compra de 1.350.000 tapabocas en cuantía que supera los $2.640.000.000, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio inicio a una indagación preliminar, actuación que permitió a la administración municipal llevar a cabo una evaluación de las condiciones del negocio jurídico y. al prever que estas no resultaban favorables, procedió a la liquidación anticipada de mutuo acuerdo, la cual estuvo precedida de una solicitud en ese sentido por parte del contratista argumentando circunstancias que le impedían cumplir con sus obligaciones, sin que se hubiere igualmente alcanzado a desembolsar ni un solo peso del erario.

En ambos casos es palpable que, ante la intervención temprana y oportuna de la Contraloría General de la República, y demás organismos de control, se ha logrado salvaguardar la integridad del patrimonio del Estado, contribuyendo así a incrementar los niveles de eficiencia en el gasto público.

 

Presentación 2 Contraloria
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