Vinculación y prestación de servicios financieros a través de medios electrónicos

Vinculación y prestación de servicios financieros a través de medios electrónicos

Con la consolidación de los medios electrónicos (en su más amplio sentido) en la celebración de negocios jurídicos y operaciones mercantiles, las entidades cooperativas que ejercen la actividad financiera se enfrentan al reto de implementar estos medios de cara de cara a los procesos de vinculación de nuevos asociados y prestación de sus servicios de ahorro y crédito de una forma segura y eficiente.

Sin embargo, y  a pesar que desde la expedición de la Ley 527 de 1999 (mal llamada de comercio electrónico) y aún antes, existe un marco legal claro que otorga pleno asidero jurídico para su uso, aún no se evidencia en la mayoría de estas entidades un uso real y sistemático de estas herramientas.

Lo cierto es que la equivalencia de condiciones probatorias y de efectos entre los medios cartulares y  de los mensajes de datos en la celebración “virtual” de negocios jurídicos es un hecho de legal común y pacífica aceptación normativa y jurisprudencial, por lo que podría concluirse que el reto es más de carácter tecnológico que legal siempre y cuando la plena identificación y manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes esté garantizada, algo que es inherente del buen uso de estas tecnologías.

Sin embargo, en el sector de la economía solidaria existe aún un escollo normativo  por ser superado, no tanto respecto de la celebración de operaciones de ahorro y Crédito con los asociados a través de medios digitales sino de su vinculación misma a la entidad cooperativa.

Pues, la Circular Básica Jurídica del 2015 en su acápite de “Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo” que ha sido objeto de reformas en  2017 y 2018 señala claramente qué “Si bien el diligenciamiento del formulario, así como el recaudo de los documentos y la firma de los mismos pueden efectuarse de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley 527 de 1999 y demás normas reglamentarias, el empleo de dichos procedimientos no puede sustituir la entrevista al solicitante o al representante legal si se trata de persona jurídica. 

Esta expresión de “no puede sustituir la entrevista al solicitante” plantea una ambigua excepción qué más allá de desbordar el marco legal de la Ley 527 que solamente restringe el uso de mensajes de datos en él perfeccionamiento obligaciones contraídas por el estado colombiano en virtud de tratados internacionales o de negocios “ad substantiam actus”, establece una zona gris qué plantea más interrogantes que respuestas  ¿debe entonces hacerse la entrevista forzosamente de manera presencial? se pueden acudir a otros medios no presenciales?

Es importante resaltar que sea cual sea el medio a través del que se surta la vinculación de un asociado a una entidad cooperativa, aspectos como los requisitos para cumplir con el vínculo de asociación, los actos de conocimiento del cliente, el manejo de los Peps, el análisis referencial y todas las medidas propias del Sarlaft deben ser respetadas con estricta sujeción a los parámetros legales vigentes internos y externos.

Sin embargo, ello no riñe en modo alguno con los preceptos de la Ley 527 y la utilización de mensajes de datos o medios digitales, de hecho resulta aun más seguro eficiente y fácil de registrar a través de estos medios, por lo que no termina de entenderse la salvedad esgrimida por la SES que como ya fue planteado en líneas precedentes desborda el marco legal de las excepciones de una norma de orden público a través de un acto administrativo (lo que en una simple pirámide kelseniana sería inadmisible) pero aun así y como resulta apenas lógico inhibe a las entidades cooperativas a dar el salto a estas nuevas tecnologías, al menos en cuanto a la afiliación de nuevos asociados por considerarlo audaz y contrario al marco establecido por la SES.

Es aquí cuando se deben plantear las soluciones sobre el particular, descartando desde ya una eventual controversia de carácter administrativo o judicial que surja de la desatención de la excepción planteada en la circular,  resulta riesgoso, demorado y con unos altos costos de transacción.

Por lo que nuevamente el balón está en la cancha de la SES que necesariamente debe  derogar directamente la imposibilidad de hacer la entrevista de ingreso dentro del marco de la Ley 527 o por lo menos dar un claro y completo alcance a la excepción planteada que les permita a las entidades cooperativas que están en mora de utilizar las nuevas tecnologías en los procesos de vinculación de sus asociados contar con un marco que establezca de manera exhaustiva los requisitos y procedimientos para lograr dicho cometido (como lo está haciendo la superintendencia financiera)

Pues, más allá de reiterar nuevamente que las operaciones financieras a través de medios electrónicos cuentan con absoluto respaldo normativo en cuanto a su valor probatorio y efectos en esta Ley 527, las entidades cooperativas se quedan a mitad de camino cuando el primer acto que es la vinculación de nuevos asociados tiene una restricción que permite el uso a medias de los beneficios de dicha norma y una carga operativa contraria al uso de los medios electrónicos.

Aunque, muchos manifiestan que la circular no dice de forma expresa que la entrevista debe ser necesariamente presencial, la ambigüedad de su tenor literal definitivamente ha desincentivado el uso de procesos virtuales a la hora de aplicarlos en los procesos de afiliación. sperez@clcorp.com.co

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