Y dale con el glifosato al medio ambiente

Y dale con el glifosato al medio ambiente

Wilton Rizzo. Nunca se podrá entender que el veneno cancerígeno, el maldito glifosato será compasivo con el medio ambiente, porque el gobierno de Iván Duque, en otro eufemismo, diga su desenfocado ministro de Justicia, Wilson Ruíz, que “El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes”. Foto digitalizados.com

Quien le dijo que en estas zonas no hay campesinos, aves, especies endémicas de la región y que no saldrán afectadas las fuentes aguas, los ríos y las plantas, como van a separar a la población de los grupos criminales ¡magia, magia! De Duque, del prestidigitador Wilson Ruíz, ministro de Justicia, su cancerbero Diego Lozano, mindefensa y otros miembros del gabinete van a la marcha triunfal con la Policía Nacional, disparando cáncer desde las avionetas Polinal.

La aspersión por glifosato es mortal para las personas, las aves, los peces, los animales y el medio ambiente en su conjunto, lo hará como otro incumplimiento de campaña, donde grito eufórico Duque ser el defensor del medio ambiente. Es el presidente, que más mentiras y eufemismos le canta, grita y reza a los colombianos.

A quien le cumplirá el actual Gobierno Nacional al destruir con el mortal veneno del glifosato territorios que son reservas y están cerca a los parques nacionales naturales protegidos. ¡Qué desesperación por destruir el medio ambiente, las selvas, las montañas, los campos y los ecosistemas de Colombia! ¿ante un falso reconocimiento internacional?

Restitución de cultivos

Las labores de restitución de cultivo no se hacen porque los gobiernos les incumplen a los campesinos, el gobierno de Juan Manuel Santos, “A mayo de 2017, el programa arranca a nivel nacional con 83.790 familias vinculadas en 67.193 hectáreas de 13 departamentos de Colombia”, dejaron por fuera alrededor de 56 mil familias.

Los campesinos están saturados de tanta mentiras y falsos ofrecimientos de cambio y bienestar, las promesas son para tomarse la foto y enviar el mensaje al gobierno de los EE.UU., para mostrar como engañan a las poblaciones afectadas por los cultivos de coca.

“Por eso cree que la sustitución requiere de un mensaje político claro y un consenso social respaldado por actores claves, que evite cometer los errores del pasado”.  Dice en su documento FIP www.ideaspaz.org

Estados Unidos y Europa tienen su responsabilidad

En cuanto a estas potencias, que piden se destruyan las plantaciones de hoja de coca, ellos deben convertirse en responsables solidarios, porque de manera habitual y permanente son quienes están pidiendo los cargamentos de la cocaína que se consumen.

Basta de decir mentiras sobre este aspecto, la responsabilidad es mancomunada y las potencias mundiales deben invertir en la sustitución de los cultivos de hoja de coca, de lo contrario ese mal endémico no se erradicará.

Por otra parte, ellos son los fabricantes de las toneladas de glifosato que envenenan y mata a la población y afectan gravemente el medio ambiente.

Fuentes de información

Adjuntamos dos documentos sobre este aspecto, primero el retorno a la aspersión con glifosato y el otro un estudio sobre “Los desafíos de la sustitución de cultivos ilícitos y las opciones para enfrentarlos”

Fumigación con glifosato en Colombia, en una imagen de archivo Google

Colombia prepara el regreso de las cuestionadas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca

El Gobierno de Iván Duque expide un decreto para reactivar el polémico método pese a su impacto en la salud y en el medio ambiente

El Gobierno de Iván Duque está a punto de cumplir su propósito, largamente postergado, de que Colombia regrese a las cuestionadas fumigaciones aéreas con glifosato contra los cultivos de hoja de coca. El presidente, al que le queda poco más de un año de mandato, firmó el 11 de abril un decreto que establece las reglas de la aspersión aérea para regular “el control de riesgos para la salud y el medio ambiente”, y así cumplir con algunos de los requisitos que le ha exigido la Corte Constitucional.

Desde que se suspendieron las fumigaciones en 2015, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.

El anuncio reabre una discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años. El propio Duque ha argumentado con insistencia que Colombia necesita todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato. Su antecesor, Juan Manuel Santos, abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tráfico de drogas, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública —incluso en su discurso de aceptación del Nobel de Paz por el acuerdo que selló con las FARC—. El actual mandatario ha marcado una línea más dura y un regreso al prohibicionismo, al tiempo que ha favorecido la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos.

Colombia ha fumigado cultivos ilícitos con glifosato desde los años ochenta. Aunque Estados Unidos promueve su uso, el Gobierno de Santos suspendió las aspersiones aéreas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determinó, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si establecen con investigaciones científicas que esas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente.

El decreto de esta semana “no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes [CNE] verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos”, ha matizado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. “El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes”, ha señalado por su parte su compañero de Gabinete en la cartera de Defensa, Diego Molano, quien vaticina que las aspersiones se reactivarán en este trimestre, en un proceso que podría extenderse hasta junio.

Para que las avionetas de la fuerza pública vuelvan a arrojar el herbicida sobre los cultivos de coca aún faltan varios pasos. Entre otros, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de manera que el Ejecutivo pueda citar al CNE, la entidad nacional de política de drogas. Varios frentes todavía están envueltos en procesos jurídicos. Sin embargo, se da por descontado que el CNE aprobará las fumigaciones, pues la mayoría de sus miembros son funcionarios nombrados por Duque.

“El Gobierno ha sido absolutamente sordo a las críticas”, valora Isabel Pereira, coordinadora del área de política de drogas del centro de pensamiento Dejusticia, que destaca entre diversos pronunciamientos la carta de finales del año pasado en la que siete relatores de Naciones Unidas –el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas– le pedían a Duque no regresar al glifosato. “El decreto es un acto desafiante de terquedad que demuestra que no están interesados en escuchar a la comunidad internacional, ni a la comunidad académica, ni mucho menos a las comunidades que serían afectadas por la aspersión”, apunta Pereira. “La evidencia no va a afectar la manera como toman las decisiones”, se lamenta al advertir que la reglamentación aún presenta vacíos con respecto a los estándares que fijó la corte.

Colombia se mantiene por mucho como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. Luego de haber alcanzado máximos históricos, las hectáreas dedicadas a la coca han comenzado a marcar una tendencia a la baja en el Gobierno de Duque gracias a años de enormes esfuerzos. La superficie total se ubicó en 154.000 hectáreas al cierre del 2019, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), la medición oficial. Fue el segundo año consecutivo de una modesta disminución frente al récord de 171.000 hectáreas en 2017. El Gobierno culpa al narcotráfico de la crisis de seguridad que sufre el país, que incluye un creciente número de masacres y el incesante asesinato de líderes sociales.

“La inseguridad en el campo colombiano ha empeorado constantemente en años recientes mientras los grupos armados compiten entre sí y se enfrentan al Ejército. La erradicación redoblada, y potencialmente la fumigación aérea, podrían intensificar la violencia al empujar a los agricultores a las garras de los grupos armados, sin detener la resiembra de coca”, advertía en febrero un informe del centro de análisis International Crisis Group. “Colombia y Estados Unidos, el principal respaldo externo de las políticas antinarcóticos de mano dura en América Latina, deberían pasar la página en el uso de la fuerza contra los cultivadores de coca en un intento por reducir el suministro mundial de cocaína. Impulsar las economías rurales, seguir adelante con la sustitución de cultivos y evitar enfrentamientos con los cultivadores sería una mejor política”, concluía el documento.

https://elpais.com/internacional/2021-04-13/colombia-prepara-el-regreso-de-las-cuestionadas-fumigaciones-con-glifosato-contra-los-cultivos-de-coca.html

Los desafíos de la sustitución de cultivos ilícitos y las opciones para enfrentarlos

Vuelo sobre el Catatumbo MININTERIOR

A dos años de la implementación del PNIS, la FIP hace un balance del programa y analiza los desafíos que enfrenta. También llama a replantear la manera como se ha venido abordando la sustitución de cultivos, a través de un consenso que respalden actores claves.

En medio de la incertidumbre generada por el comienzo de una nueva administración y las dudas sobre el manejo que le daría a la implementación del Acuerdo de Paz, el presidente Iván Duque dio continuidad al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). La nueva administración asumió la tarea de implementar un programa que no diseño y del cual heredó problemas presupuestales, de planeación y coordinación.

A medida que ha avanzado el PNIS, las brechas entre la hoja de ruta para cumplir los compromisos que el Estado adquirió con las familias, y el desempeño real del Programa de han hecho evidentes. Se encuentran rezagos sistemáticos en el desarrollo de sus componentes, lo cual pone en juego su sostenibilidad.

En este contexto surge una pregunta sobre cuáles son las opciones para reencaminar el Programa. El gobierno de Duque ha dicho que cumplirá los compromisos con la más de 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos y que han expresado su intención de sustituir los cultivos de coca. El PNIS ha avanzado en la erradicación voluntaria, pero tiene como tarea pendiente la sustitución y el tránsito a la economía legal.

La actual administración ha fortalecido la gestión y administración del Programa, en un proceso que va a requerir de la participación de las comunidades y la generación de consensos. El nivel de cumplimiento de las familias que se han comprometido a erradicar voluntariamente los cultivos es del 94% y la resiembra verificada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es solo del 0,6%. Sin coca, la mayor preocupación de estas familias es la generación de alternativas económicas que garanticen su sustento.

Las fallas de origen

Para entender cómo llegó el PNIS al momento que hoy vive, hay que señalar algunas fallas de origen sobre las que la FIP y otras organizaciones han alertado a lo largo de los dos años de implementación del Programa. Sobresalen la desconexión con la Reforma Rural Integral que se planteó en el Acuerdo de Paz, lo que lo integraría a la transformación territorial; la falta de articulación entre las distintas agencias e instituciones del Estado; el énfasis en la entrega de los subsidios a las familias y las dudas sobre la inversión en bienes y servicios públicos.

No se puede desconocer que el PNIS ha operado en un entorno en que la seguridad de las comunidades ha estado bajo continua amenaza y donde la presencia del Estado sigue siendo débil.

Los problemas de fondo

La FIP identificó ocho problemas que incluyen la financiación, la falta de capacidades operativas para la ejecución, el rezago en el cumplimiento de los componentes del Programa y lo que tiene que ver con los recolectores, la suspensión de familias, la lentitud e intermitencia de la asistencia técnica, el riesgo de resiembra y el deterioro de la seguridad.

La financiación del PNIS. En total, la administración del presidente Duque necesitaría cerca de $2.7 billones para terminar de ejecutar el PNIS con las familias que hacen parte del Programa. Estas cifras no incluyen la vinculación de 33.119 familias que se encuentran en acuerdos colectivos y que requerirían de $1.3 billones adicionales.

Capacidades operativas insuficientes. El Programa tiene capacidades limitadas para desarrollar los distintos componentes del Programa y sus equipos regionales no son suficientes. El traslado a la Agencia de Renovación Territorial puede fortalecer su capacidad de gestión, pero al mismo tiempo sobrecargar a esta institución.

Retrasos en los componentes del Programa. Para saber con exactitud lo que ha pasado, la FIP tomó como referencia el primer pago para calcular el tiempo promedio de inicio de la asistencia técnica, del auto sostenimiento y del proyecto de ciclo corto. La expectativa inicial era que estos componentes comenzaran a partir del segundo pago (es decir, el tercer mes). Siguiendo este criterio, en promedio, la asistencia técnica comenzó con cinco meses de retraso, el auto sostenimiento con diez y los proyectos de ciclo corto con 16 meses.

Más de 13 mil familias suspendidas. Las causas tienen que ver con problemas en el registro, irregularidades en la documentación, incumplimientos en levantar los cultivos de raíz y en la verificación del SISBEN. Siete municipios concentran las suspensiones con el 62% de los casos; Tumaco encabeza la lista (3.735). Esta situación ha causado inconformidad, derivando en movilizaciones y bloqueos.

Los recolectores, los más rezagados. Al 31 de enero de 2019, en este grupo se encontraban 16.848 familias, que representan el 17% del total de los beneficiarios del PNIS. De ese universo, solo 1.632 recolectores (10%) habían sido vinculados a actividades comunitarias.

La asistencia técnica avanza lentamente. En general, las familias que han erradicado voluntariamente y recibido los pagos bimensuales, no tienen claridad sobre cuál será la alternativa económica legal que garantizará su sostenimiento. En 17 municipios, 9.301 familias ya recibieron la totalidad de los pagos y en solo dos núcleos veredales –Briceño (Antioquia) y Guerima (Vichada) –, se iniciaron los proyectos de ciclo corto.

El riesgo de resiembra. La incertidumbre y la inconformidad de las poblaciones con el Programa han estado acompañadas con alertas sobre la posibilidad de que las familias vuelvan a sembrar coca. Existen poblaciones más vulnerables a esta dinámica pues están expuestas a la presión de grupos armados ilegales. Además, hay veredas en las que ya terminó el ciclo de pagos y aún no existen alternativas económicas legales.

Deterioro de la seguridad. En 2018 empeoraron las condiciones de seguridad en los 56 municipios que hacen parte del PNIS. Los homicidios se incrementaron 38% respecto a 2017 –de 933 se pasó a 1.283–, y la tasa por cada 100.000 habitantes aumentó 16 puntos (a nivel nacional subió 5). Los municipios PNIS con más homicidios fueron Tumaco, Tarazá y Tibú.

Las alternativas para encaminar la sustitución de cultivos

El PNIS se encuentra en una encrucijada: continuar exige un esfuerzo fiscal grande, e interrumpirlo podría interpretarse como incumplimiento del Estado. Bajo estas condiciones, la FIP identifica tres opciones:

La primera es ajustarlo suponiendo que, si la hoja de ruta se implementa de manera ordenada y eficiente, se conseguiría la sustitución de los cultivos. Para lograrlo los desafíos son: la desconexión entre la hoja de ruta y las condiciones reales de las poblaciones que hacen parte del Programa; la interlocución con las comunidades y las tensiones de los últimos meses; y la seguridad y protección de las comunidades.

La segunda es conectarlo y potenciarlo, incorporando nuevos elementos que respondan a las deficiencias. Esto tiene dos riesgos: que los ajustes tengan un fuerte sesgo agropecuario o que las iniciativas sobre comercialización y conexión con los mercados terminen siendo esfuerzos aislados, sin impacto. Esta opción requiere transformar territorios que dependen de los cultivos ilícitos, una tarea que supera al PNIS y requiere reformas de fondo en lo rural.

La tercera es replantear la manera como se ha venido implementando la sustitución de cultivos ilícitos, a través de un consenso que respalden actores claves. La idea es que se diseñe una política de Estado sostenible dirigida a transformar los territorios; que no se concentre en reducir los cultivos en el corto plazo, sino que le apunte a mejorar el desarrollo humano y las condiciones macro en estas zonas.

Hasta ahora, el gobierno de Duque se orienta a hacer ajustes y mejorar. Puede que a corto plazo sea la mejor opción para responder con rapidez a las exigencias de las poblaciones, mientras se avanza en un consenso social de largo alcance. La FIP hace un llamado a no olvidar que está en juego la suerte de cientos de familias que asumieron el compromiso de erradicar los cultivos ilícitos y transitar a la economía legal. Por eso cree que la sustitución requiere de un mensaje político claro y un consenso social respaldado por actores claves, que evite cometer los errores del pasado. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1746

 

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